La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, aseguró la semana pasada que el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, que lleva más de una década en marcha, sería suspendido si Turquía reintroducía en su ordenamiento la pena de muerte, posibilidad que contempla explícitamente Erdogan con el argumento de que la población reclama tal regresión jurídica y moral.
Es obvio que a estas alturas no puede pretender ingresar en la UE quien no cumpla los escrupulosos criterios de Copenhague ni, desde luego, quien todavía mantenga la pena de muerte en su código penal o militar. Pero no se entiende bien que se siga negociando la adhesión con quien está administrando tan brutal respuesta a un golpe de Estado poco claro, que ya alcanza a 60.000 represaliados, de los que 13,000 militares, policías y jueces han sido detenidos. Además, el Estado ha cerrado y embargado los bienes de 15 universidades, 934 escuelas, 109 residencias estudiantiles, 19 sindicatos, 35 instituciones sanitarias y 1.100 fundaciones y asociaciones. Y Amnistía Internacional tiene pruebas de que ha habido torturas, desde salvajes apaleamientos a la privación sistemática de agua y alimentos.
El promotor de semejante brutalidad no puede ser interlocutor de Bruselas con vistas a la adhesión. No debería hacer falta que Turquía reinstaure la pena de muerte para que las negociaciones sean radicalmente suspendidas.
