Está la clase política española tan absorta en la contemplación de su propio ombligo que hasta los medios de comunicación han renunciado a hablar de asuntos verdaderamente graves y trascendentes que podrían desviar la atención del trámite de formación del gobierno, tras dos elecciones generales que no han servido para que nuestros próceres acordaran una fórmula de gobernabilidad.
Algún avispado ya sabrá seguro de qué estoy hablando: de que esta semana se votarán en el Parlamento de Cataluña, si el buen sentido no lo remedia, las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente que trazan el camino de 'desconexión' con España, proponen la aprobación de unas leyes que marcarían la ruptura y recomiendan la creación de una asamblea constituyente que no sería "susceptible al control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder". El TC ya ha manifestado su inquietud ante este dislate. Y se sabe que estos alardes son simples brindis al sol, ya que la sociedad catalana no permitiría nunca una ruptura a las bravas de la legalidad, que por otra parte encontraría la respuesta del Estado que merece, pero es trágico que el conflicto, que está inflamado y necesita por tanto lenitivos urgentes, se halle totalmente enmascarado por las rutinas de unos partidos que son materialmente incapaces de gestionar el mandato que han recibido de la ciudadanía. La desconexión material de Cataluña está oculta tras la otra desconexión, la que existe entre la clase política y el país real.
