Balears es un territorio en permanente transformación, tanto en infraestructuras públicas como en instalaciones privadas. Las islas se concentran sobre servicios y usos residenciales y las casas particulares se adaptan constantemente a una mutación que, en muchos casos, tiene bastante que ver con el ocio y la explotación turística. Frente a ello, la Administración pierde fuelle y capacidad de adaptación y el ciudadano, o se camufla amparado en la desinformación o se vuelve perezoso para declarar reformas particulares. Lo paga y padece el erario público.
Hacienda, siempre de curiosidad insaciable en su afán recaudador, ha hallado un método solvente para asomarse a la casa de cada uno y ver qué hay en su interior y si el contenido se corresponde con la inscripción catastral. El fisco ha dado con los satélites y drones como medios válidos para la revisión de inmuebles. La campaña de cotejo aéreo se inició en 2014 y finalizará en 2017 pero, de momento, con los 37 municipios puestos al día en Balears, presenta unos resultados provisionales muy satisfactorios. A los ayuntamientos les habrá salido rentable la operación.
En estas islas se llevan inspeccionados 292.217 inmuebles en los que se han detectado 32.182 irregularidades. Es el 11%, bastante superior a la media estatal que se queda en el 8,6%. Pero Balears no es la Comunidad en la que se registran el mayor número de casos. En Aragón se alcanza el 16,8% y en Galicia el 15,3%. En este archipiélago las disfunciones halladas se concentran mayoritariamente en tres apartados, las construcciones de nueva planta no declaradas, las reformas en igual condición y las piscinas sin comunicar al Catastro. En este último segmento, el fraude es también del 11% y duplica con creces la media española del 5%.
La revisión catastral es especialmente relevante porque sobre su resultado registral se asienta el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que a su vez constituye la principal fuente de financiación de los ayuntamientos. Un Catastro puesto el día permite una tributación más justa y real.
Con los cambios que ahora se introducen, mediante la vía de la actualización y de la reclamación de atrasos, el conjunto de ayuntamientos de los 37 municipios de Balears revisados puede ver incrementada su recaudación en 37 millones de euros. Es posible que se de el caso, como puntualiza el presidente de la Federación de Municipios y alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, de obras con licencia que una vez finalizadas no han sido comunicadas al Catastro y por tanto no están al día en cuanto a impuestos municipales. Pero el despiste o la falta de información no eximirá del pago de los retrasos tributarios.
