Ante la noticia aparecida en el Diario de Mallorca del pasado lunes día 27 de junio, donde se da publicidad a una declaración realizada en el sumario del caso "mafia laboral" de un antiguo empleado de los empresarios que están incursos en las actuaciones penales seguidas por un Juzgado de Palma en las que se sugiere la aparente corrupción de un funcionario de la Inspección de Trabajo, los abajo firmantes, funcionarios inspectores de Trabajo y Seguridad Social y subinspectores laborales, queremos manifestar nuestro parecer sobre tales hechos y el referido caso "mafia laboral", que ha afectado y afecta a un buen número de trabajadores y trabajadoras que prestaban y prestan servicios en un conjunto de empresas dedicadas a bar y restauración en Mallorca:

1.- En primer lugar, expresamos, como no puede ser de otra manera, nuestro rechazo más unánime y contundente a las prácticas de precariedad laboral y fraude a la Seguridad Social que, presuntamente, se llevaban a cabo en distintos locales que, en apariencia, no guardaban ninguna relación. De hecho, tales actuaciones de naturaleza ilegal „desarrolladas a través de un complejo entramado de sociedades mercantiles„ no se habrían detectado ni hecho evidentes sin la estrecha colaboración existente entre la dirección territorial y jefatura de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Balears, las fuerzas de policía y los órganos judiciales que han dirigido la intervención en los centros pertenecientes a la referida "mafia laboral".

2.- La actuación inspectora en estos casos y en otros parecidos „como el de las empresas ficticias„ es de una gran complejidad y laboriosidad. El entramado de empresas defraudadoras se presenta con toda la apariencia de legalidad, como entidades mercantiles independientes y los orquestadores de la trama no constan como sujetos documentados ya que usan de testaferros. Tras la indagación de los hechos denunciados y el examen de ingentes cantidades de documentación, pueden llegarse a detectar denominadores comunes que abonan una actuación destinada a defraudar. Pero, repetimos, nada de esto es fácil y, por ello, es preciso contar con la colaboración, los medios y los métodos de las fuerzas de la Policía. Y ello porque lo detectado en estos casos desborda el concepto de infracción administrativa sancionable con multa, rompe las barreras de la vigilancia y el control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y entra de lleno en la comisión de un delito.

3.- Podemos asegurar que las funcionarias y funcionarios públicos inspectores de Trabajo y Seguridad Social, así como, los correspondientes subinspectores laborales, destinados en Balears, han cumplido y cumplen con su función de vigilancia y control administrativo con absoluto respeto a la legalidad, sin que puedan ser merecedores de reproche alguno de negligencia, dejación de su función ni, mucho menos, de corrupción. Es muy importante aclarar que el sometimiento a la legalidad implica el respeto a principios de actuación y procedimientos reglados. En toda actuación inspectora debe imperar la presunción de inocencia del sujeto o sujetos investigados y debe de desterrarse cualquier tipo de prejuicio sobre la actuación de los ciudadanos y ciudadanas sometidos a inspección colocándolos en la situación de presuntos culpables para ostentar una determinada posición (empresario, trabajador, inmigrante, etc.) condicionando "a peor" para el investigado el resultado de la investigación. La actividad inspectora, para que tenga éxito, no puede basarse en informaciones que son incompletas o erróneas o que reflejan acusaciones sin sustento probatorio alguno y debe de someterse a un procedimiento descrito en el ordenamiento jurídico que garantice la efectividad de la inspección en la persecución de las posibles infracciones. No es admisible un sistema de inspección movido por el objetivo político, la venganza o los intereses privados de unos u otros. Reiteramos que la inspección y los funcionarios públicos que la servimos desarrollamos nuestra labor con el único y riguroso sometimiento que impone la legalidad y no servimos a ningún interés que no sea éste.

A los ojos de los ciudadanos y de los medios de comunicación estos métodos y límites legales y constitucionales pueden arrojar impresiones erróneas: que no se constatan las infracciones denunciadas, que las actuaciones se dilatan y tardan las conclusiones de las investigaciones llevadas a cabo, que somos "excesivamente técnicos y legalistas" frente a aquellos que quieren ver la efectividad grosera de sus pretensiones aunque sea vulnerando la legalidad, etc. En definitiva, lo que no es más que respeto a la legalidad y a los procedimientos puede confundirse por personas desinformadas, manipuladas o malintencionadas con otras conductas que son reprobables o hasta ilegales.

4.- Por ello, resulta doloroso constatar que por los medios de comunicación, cuya obligación es la de facilitar una información veraz y contrastada, en base a declaraciones cuya fundamentación o veracidad se ignora, se extienda un velo de duda entre la ciudadanía sobre el cumplimiento del deber de los funcionarios y funcionarias de la inspección o se ponga en duda su honestidad. Llegados a este punto, no nos queda más remedio que protestar enérgicamente y reclamar a los medios de comunicación y, especialmente al Diario de Mallorca, cierta racionalidad y mesura en el análisis de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no dando pábulo a testigos que divulgan hechos cuya descripción se asemeja más a una delirante película policiaca de tres al cuarto que a la callada y constante labor de investigación que realiza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuya pretensión es, desde hace más de un siglo, la defensa de la legalidad laboral frente los incumplimientos de ciertos sujetos cuya cualificación no puede encuadrarse en la honrosa categoría de empresarios.

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