Aun sin entrar en el debate demoscópico, puramente técnico, parece evidente que Ciudadanos, uno de los "nuevos partidos" surgidos de la irritación social contra el establishment por la penosa gestión de la crisis a cargo de los partidos tradicionales, se ha nutrido particularmente de la clientela del PP, de las personas de centro-derecha que han desertado del gran partido conservador por sus políticas y por la corrupción. En consecuencia, la alianza entre las dos formaciones, que ahora se plantea como la opción más razonable emanada de las elecciones del 26J, sólo tendría sentido si la fuerza minoritaria consiguiese influir decisivamente en la trayectoria del hipotético gobierno que, salvo sorpresas, encabezará Mariano Rajoy.
La exigencia de renovación de la cúpula popular, planteada por Ciudadanos en las dos últimas campañas electorales como requisito sine qua non para cooperar con el PP, ha perdido fuelle tras las tendencias registradas en la última consulta con respecto a la del 20D: un ascenso de este partido más de cuatro puntos, con catorce escaños más, y un descenso de casi un punto de Ciudadanos, con una bajada de ocho escaños. En cierto sentido, los números refuerzan la legitimidad de Rajoy y debilitan el ímpetu regeneracionista de Rivera, quien, sin embargo, debe mantener enhiesta su demanda de claridad y transparencia, lo que ha de desembocar en el máximo rigor frente a situaciones ambiguas en este delicado territorio.
Pero el papel esencial de Ciudadanos, que habrá de aportar al PP la "mayoría suficiente" de los 169 diputados, ha de consistir, de una parte, en facilitar la gobernabilidad urgente a corto plazo para definir el techo de gasto y los presupuestos del Estado para 2017, así como para negociar con Bruselas y, de otra parte, en negociar razonablemente el decálogo de propuestas que ha exhibido, y que es precisamente éste: recuperar 2.800 millones de la amnistía fiscal del PP exigiendo el 10% de lo repatriado a los defraudadores, que tan sólo pagaron el 3%; suprimir las diputaciones; instaurar el llamado contrato único (que ya se llama de otra manera) con indemnizaciones progresivas por despido para todas las nuevas contrataciones; reformar la ley electoral y la de financiación autonómica; suprimir los aforamientos de los políticos y los indultos para delitos de corrupción; aumentar el permiso de maternidad de 16 a 26 semanas; firmar un pacto nacional para la educación, lo que implica descarta gran parte de la ley Wert; impulsar un plan contra la pobreza infantil; y eximir a los autónomos de pagar su cuota cuando sus ingresos no lleguen al salario mínimo.
Lógicamente, el presupuesto de 2017 deber reflejar los acuerdos que se suscriban. Y aunque no se trata, es obvio, de que el PP, la formación mayoritaria, asuma íntegramente las condiciones de la minoría, es claro que el final de la mayoría absoluta ha de suponer un cambio de sensibilidad y de tendencias. De las manifestaciones de Rajoy estos últimos días podría desprenderse que espera una gran condescendencia de sus socios, que supuestamente le facilitarían la continuidad de sus políticas que "tan buenos resultados han dado". Si no sólo se ponderan las grandes magnitudes macroeconómicas sino también los indicadores de la creciente e insoportable desigualdad de la sociedad española, se llegará a conclusiones menos amables sobre la ejecutoria hasta aquí, lo que justifica sobradamente que la nueva situación, impuesta imperativamente por la soberanía popular, represente un profundo cambio en el estilo de gobernar, mucho más activo, más receptivo y más dispuesto a sintetizar las opiniones presentes en el concierto de la policromía española. Ello ha de ser especialmente así en el campo del estado de las autonomías, máxime si se piensa que el tándem PP-Ciudadanos necesitará objetivamente el apoyo del nacionalismo conservador para alcanzar la mayoría absoluta, necesaria en las principales decisiones parlamentarias.
