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Antonio Papell

El modelo canadiense

El PSOE había conseguido consensuar internamente el modelo de organización territorial a través de la declaración de Granada, en julio de 2013. Unos meses antes, la explosión soberanista en Cataluña había enfrentado al equipo de Rubalcaba con la dirección del PSC (que tomó posición en contra de la independencia pero a favor del "derecho a decidir" y de una consulta "legal y pactada" con el Estado). El PSOE optó entonces por aceptar cierto viraje federal para evitar la ruptura con su partido hermano y, a la vez, tratar de frenar el órdago independentista, según explicó entonces Rubalcaba y repitió en el momento de la firma de la declaración. Con ella, los socialistas llegaban a la conclusión de que la vía del federalismo es su "obligación histórica con España".

Posteriormente, el PSC, ya al mando de Miquel Iceta, renunció al 'derecho a decidir' y se adaptó estrictamente a la posición del PSOE federal, con Pedro Sánchez en la secretaría general. Pero tras el 26J, Los socialistas catalanes han hecho el amago de modificar una vez más su posición: la celebración de un referéndum 'a la canadiense' podía haber sido la propuesta estrella para la ponencia política del próximo noviembre si una rebelión interna no lo hubiera frustrado en el consejo nacional del partido el pasado día 2. La dirección del PSC pretendía proponer una "ley de claridad" como la que se aprobó en Canadá para determinar bajo qué condiciones Cataluña se podría separar de España si así lo votasen sus ciudadanos. Esta sería la última solución si fracasase la reforma constitucional que propone el PSOE y que con más o menos entusiasmo están interiorizando los principales partidos para tratar de resolver el conflicto catalán. Dicha reforma -mantienen los socialistas catalanes- debería plasmar "el pleno reconocimiento del carácter nacional de Cataluña, de sus derechos históricos y de la singularidad de su autogobierno", a cambio de no revindicar la soberanía. Sería pues un "acuerdo bilateral entre Cataluña y España" plasmado en un nuevo estatuto que debería ser refrendado posteriormente por "el pueblo de Cataluña".

Como gran argumento para respaldar la nueva y fallida propuesta, Iceta ha manifestado que hay que interiorizar de una vez que el 48% de los catalanes quiere irse de España; el porcentaje es el de los partidos soberanistas en las últimas autonómicas, pero es muy dudoso que se mantuviese esta cifra si se plantease frontalmente la cuestión de la autodeterminación.

Como es sabido, la ley de Claridad es una ley federal canadiense ulterior a un dictamen solicitado por el gobierno federal al Tribunal Supremo sobre la independencia de Canadá, provincia que había celebrado ya dos referéndums de autodeterminación en 1980 y 1995, ambos fallidos. La referida ley consagra los tres grandes principios sostenidos por la máxima instancia legislativa, que fueron A).-Québec no disfruta del derecho a la autodeterminación. B).-La secesión sólo sería posible si "una clara mayoría" declarara "de forma inequívoca" su deseo de no pertenecer en Canadá. Entre otras razones, porque "Democracia... significa mucho más que el simple gobierno de la mayoría". Y C).-La secesión de una provincia "bajo la Constitución" no puede ser adoptada unilateralmente, esto es, sin una negociación con los otros miembros de la Confederación dentro del marco constitucional.

En otras palabras, el derecho de secesión no existe; la separación no puede provenir de una decisión unilateral de la mitad más uno de los electores; y la independencia sólo sería posible si, tras el pronunciamiento de "una clara mayoría", se pactase entre Cataluña y el resto del Estado una solución negociada. No es un planteamiento descabellado aunque habrá que ver si la propuesta cabe en la Constitución vigente y, sobre todo, si esta filosofía es aceptada por los propios soberanistas.

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