El anuncio del gobierno, el pasado viernes, de que se han utilizado 8.700 millones de euros más desde el Fondo de Reserva para poder abonar la paga extraordinaria a los pensionistas -anuncio efectuado, por cierto, poco después del 26J para evitar los efectos políticos negativos de la noticia- ha alarmado definitivamente a la opinión pública, ya que queda de manifiesto la no sostenibilidad del sistema, que queda comprometido en un futuro inmediato: en el Fondo apenas quedan 25.179 millones, que permiten sufragar tres pagas extraordinarias, de donde se infiere que el año próximo las reservas quedarían totalmente agotadas si no se tomaran drásticas decisiones a corto plazo.
En octubre de 2012, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró en una intervención parlamentaria que había tenido que utilizar 3.063 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social porque la herencia que le había dejado el PSOE se contabilizaba "en número rojos". Era la primera vez que se acudía a aquel mecanismo para poner pagar normalmente la nómina de un mes. La Diputada socialista que en aquella ocasión interpelaba a la ministra recordó que, pese a las dificultades del periodo anterior, con la caída de ingresos fiscales debida a la crisis, aquella era la primera vez que se rompía la hucha de los pensionistas; Una hucha creada por Aznar en 2003, mediante la oportuna ley y que, por cierto, era de 15.000 millones en 2004, cuando Zapatero llegó al gobierno, y de cerca de 67.000 millones en 2011 cuando dejó el poder.
Mucho ha llovido desde entonces, y el déficit de la seguridad social que tanto desagradaba a Báñez no sólo no ha menguado sino que se ha incrementado hasta cifras escandalosas? y muy preocupantes porque presagia, si no se actúa pronto, una inevitable bancarrota. Las cifras oficiales son éstas: en 2008, hubo superávit de 8.826 millones de euros; en 2009, superávit de 2.444 millones; en 2011, déficit de 487 millones; en 2012, déficit de 5.812 millones; en 2013, déficit de 8.725 millones; en 2014, déficit de 13.762 millones; en 2015, déficit de 16.7097 millones. Y en lo que concierne a 2016, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sostiene en su informe para este año que la SS no sólo no cumplirá el objetivo previsto de bajar el déficit al 0,3%, sino que su desajuste puede alcanzar los 20.000 millones.
Así las cosas, urge que un gobierno recién constituido convoque el Pacto de Toledo para buscar las fuentes de financiación del sistema (es inimaginable que en lugar de incrementar los ingresos se opte por reducir los gastos, es decir, las pensiones). Y apenas hay dos caminos: o el incremento de las cuotas sociales que pagan empresarios y trabajadores, o el recurso a la financiación por vía fiscal.
Incrementar las cargas sociales tendría efectos negativos sobre la competitividad y sobre el empleo; de hecho, el creciente déficit se ha debido en buena parte a las bonificaciones a la contratación que se otorgan a los empresarios. Por lo que habrá que financiar el déficit con impuestos, bien cargándolo a los presupuestos generales del Estado, como ya se hace con el desempleo, bien creando una nueva figura tributaria, como la Contribución Generalizada francesa, un impuesto sobre la rentas salariales, incluidas las de los pensionistas, así como sobre las rentas del capital y las plusvalías. Este impuesto, propuesto por el PSOE, es muy potente: en 2012, recaudó en Francia unos 90.000 millones de euros.
En cualquier caso, es muy urgente tomar decisiones, por lo que los trámites para formar gobierno deben abreviarse. La ciudadanía no entendería que los políticos se comportaran como si no fuera urgente conseguirlo.
