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Castigar las mentiras

Las mentiras conscientes del líder de UKIP, Nigel Farage, principal promotor de la opción rupturista en el referéndum sobre el brexit, han causado escándalo en todo el mundo. Pocas horas después de que se conociera el resultado, este sujeto desagradable reconocía que no era verdad que el Reino Unido fuese a poder dedicar a la mejora de la Seguridad Social inglesa los 350 millones de libras que semanalmente debe aportar, según él, a las arcas comunitarias de Bruselas. Y poco después reconocía que el problema de la inmigración es sobre todo extracomunitario, por lo que apenas cederá con la salida del Reino Unido de la UE. Como única disculpa, Farage ha argumentado que ya se sabe que en las campañas electorales se exageran las promesas y los argumentos. Quienes votaron en favor del Brexit persuadidos por estas falacias han mostrado ya su irritación al conocer el reconocimiento del embuste. Pero no debería bastar la simple petición de disculpas: quien miente conscientemente en una campaña política para inducir a error al electorado debería ser reo de un delito grave, y sancionado con penas incluso privativas de libertad. Mentir es una falta grave en el código político anglosajón, pero infortunadamente no ha sido todavía incluido en los códigos penales. Habría que hacerlo, para preservar la integridad de unos modelos democráticos que no funcionan si desaparecen de escena la verdad y la confianza.

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