Prosigue el proceso de buenas intenciones pero, mientras, la presión resulta difícil de soportar. Es el efecto sobrevenido de la alta demanda y la constante improvisación de oferta. El alquiler turístico en edificios plurifamiliares lleva demasiado tiempo en la cuneta de la legalidad o aparentando, con el aliento mismo de la Administración, que es un mero arrendamiento residencial estable. Una estabilidad máxima de una o dos semanas. Las apariencias no engañan en este caso. Tampoco se esfuerzan en hacerlo. Total, la demanda roza la sobredimensión, el fisco aprieta poco los tornillos y la inspección de turismo solo actúa a toque de denuncia y cuando no le queda otro remedio.
El Govern sigue reafirmándose en su promesa de poner orden legal en el denso mundo -una estimación de 100.000 plazas fuera de control- del alquiler turístico en edificios plurifamiliares. Ya no queda más margen para mantener sobre las espaldas de la Ley de Arrendamientos Urbanos lo que no es de su naturaleza. Se comienzan a dar pistas claras de lo que se tiene intención de llevar a término.
Parece decidido que el listón se sitúa sobre el establecimiento de unos mínimos de calidad. A partir de él se creará una bolsa de plazas disponibles que deberán ser compradas por la parte ofertante a un precio que, en la cotización estimada actual, no supera los 4.000 euros. Un piso en alquiler turístico deberá cumplir con la limpieza, la disposición de agua potable, luz y climatización. También será necesario un seguro de responsabilidad civil y, por lo menos en el caso de agrupación de apartamentos, un servicio telefónico permanente de atención al cliente. Además, el punto de partida estará en un doble permiso, el del Govern, aparte del Consell y ayuntamiento correspondiente, dado que son los órganos de la Administración competentes en materia urbanística.
A partir de ahí, si llegan a crearse todas las herramientas legales, para lo cual resultará imprescindible la modificación de la ley de turística, se podrá entrar en materia de control y supervisión. También, por supuesto, establecer un procedimiento sancionador. De momento, el Govern sigue teniendo serias dificultades para hacer cumplir lo que nadie ha regulado con solvencia. Es la causa por la cual la inspección no actúa de oficio, solo lo hace cuando no le queda otro remedio y existe una denuncia de por medio. Ahora se pone la ínfima cantidad de una quincena de multas al mes que, por lo general, significan unos 5.000 euros por piso.
Pero el problema no está tanto en la escasez de inspectores, sino en la complejidad burocrática para llevar a término el proceso sancionador. Por eso el vicepresidente Barceló habla ya de multas exprés para los infractores que se prevé aplicar a partir de 2017. Detrás de ello está también la Agencia Tributaria que con la regulación tendrá mayor capacidad ingresar su proción de los beneficios. Quedará aún especificar el papel que deben desempeñar las comunidades de vecinos en el arrendamiento turístico.
