Un sistema administrativo dependiente de la gestión política funciona bien cuando es capaz de consolidar un traspaso de poder sin causar sobresaltos ni perjuicios. Evidentemente, este no es el caso de Balears, un territorio en el que el vicio del borrón y cuenta nueva está demasiado arraigado, con el despilfarro y agravio que ello comporta. Se comprueba cada vez que PP y los partidos de izquierda se turnan en las instituciones.
También es la consecuencia de la incapacidad por consolidar cimientos de consenso que aporten robustez a las grandes cuestiones que debe gestionar con soltura y garantías la Administración porque, de lo contrario, entorpece el dinamismo económico y social. Es lo que está pasando ahora, nada menos que con el Urbanismo. El problema se repite cada vez que hay cambio de residente en el Consolat de Mar, porque todo debe ser revisado. La permisividad de uno se transforma en restricción de otro, con lo cual, las licencias y proyectos en trámite quedan en el reposo de la estantería. Y los obreros de brazos cruzados.
Un año de Govern Armengol, en materia urbanística, no se traduce en la celeridad que la presidenta atribuye, sin contraste a pie de calle, al conjunto de su gestión. Qué lo pregunten en los despachos de las constructoras. El malestar ha crecido hasta el nivel de tener capacidad para organizar un frente común de queja y reivindicación entre constructores, promotores inmobiliarios, aparejadores y otros profesionales vinculados al sector de la obra nueva y la reforma de la ya existente. El lamento se basa en la constatación de que el ayuntamiento de Palma ya demora una media de cuatro meses en la concesión de licencias y en la negativa del Govern para prorrogar la moratoria, que expira el próximo día 23, para construir chalés en zonas residenciales desprovistas de alcantarillado. Es una situación que afecta a medio centenar de núcleos de Mallorca en los que, por lo general, los ayuntamientos, escasos de recursos, tampoco han podido cumplir con las dotaciones de servicios en los plazos prometidos. Los tres años de prórroga concedidos por el conseller Company en 2013 habrán servido de poco. El problema afecta precisamente a la rama que ha mantenido la construcción durante todo el tiempo de crisis.
A todos estos obstáculos hay que añadir todavía el de la carencia de suelo urbanizable en lugares tan significativos como Palma, la moratoria de grandes superficies y la supresión de dos alturas y aumento de categoría en hoteles de zonas maduras. Los constructores miran a Més y Podemos a la hora de buscar responsables del parón actual y atribuyen a ARCA una influencia que ellos tachan de excesiva, en Palma. El Govern ya tiene ante si otra protesta seria que debería ser canalizada y resuelta por la vía del diálogo. Como casi todo en esta tierra difícil.
