La campaña electoral iniciada el viernes necesita, de forma urgente, corregir el rumbo de los comportamientos políticos y los pronunciamientos de los candidatos mantenidos durante el tiempo de preparación de los comicios, que no ha sido otra cosa que una campaña encubierta.

Durante el largo impasse transcurrido desde los resultados del 20D hasta ahora ha abundado, sobre todo, la descalificación. Cada partido o coalición se ha encargado de resaltar los males y carencias del adversario guardándose para sí el plan que piensa desarrollar en el caso de que obtenga la posibilidad de gobernar o de ejercer el control parlamentario. Es una actitud generalizada, descorazonadora y poco estimulante para el votante, que se ve llamado otra vez a las urnas por efecto de la incapacidad de sus elegidos para formar mayorías elementales de gobierno.

En este punto es precisamente donde debe dar un vuelco mayúsculo esta segunda campaña electoral. Dado que, al menos por lo que respecta a los aspirantes a la presidencia de Gobierno, los candidatos son los mismos que los de medio año atrás, deben explicar en qué han cambiado, cuáles son las diferencias entre unos comicios y otros y el verdadero alcance de los compromisos que se han formalizado o están dispuestos a adquirir.

Si se confirman los pronósticos de casi todas las encuestas, los resultados diferirán muy poco de los del 20D. Por eso mismo se vuelve determinante concretar planes de actuación y desgranar programas concretos explicando también las posibilidades reales de llevarlos a términos. Ya no bastan los mensajes genéricos ni los eslóganes que no van más allá de su valor publicitario.

Para poder acudir a las urnas con criterio formado y ejercer un voto responsable, el ciudadano necesita saber qué se hará en educación, cómo se administrarán las pensiones, cuáles son las previsiones de régimen fiscal o qué proyectos de infraestructuras se guardan en el cajón, si es que los hay, por poner solo algunos ejemplos llamativos. Quienes han sido incapaces de alcanzar acuerdos tienen ahora la tarea de erradicar el desencanto con propuestas convincentes y compromisos reales de llevarlas adelante. Este es el único sentido que puede tener la campaña electoral que acaba de iniciarse.

En el caso concreto de Balears la campaña adquiere, además, algunos elementos importantes y específicos por igual. Esta Comunidad arrastra desde hace mucho tiempo, como es sabido, serios problemas de financiación. Resultará por tanto imprescindible que los partidos de las islas, de forma independiente al resultado de los comicios y a las alianzas que puedan establecerse con ellos, se comprometan a cerrar un frente común en exigencia de una financiación justa y equitativa para Balears.

Habrá que calibrar también la repercusión que el mandato del 26J pueda tener sobre el Ejecutivo autonómico. Puede ser sustancial si, como pronostican las encuestas, se produce el llamado sorpasso, y la coalición Units Podem Més supera en votos y escaños al PSOE. ¿Querrá entonces Podemos entrar en el Govern y asumir responsabilidades ejecutivas o se limitará a dar nuevas vueltas de tuerca desde el exterior? Este es un aspecto que también debe aclararse durante la campaña electoral sin perder de vista que cualquier decisión debe adoptarse desde su operatividad y el respeto a la voluntad y las demandas de los ciudadanos.

Sea cual sea su resultado, unas segundas elecciones generales en medio año deben desembocar en acuerdos de gobierno. La provisionalidad no puede prolongarse por más tiempo. Hacerlo sería contraproducente para todos. Y una severa falta de responsabilidad.