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Llorenç Riera

La recaudación y la tutela del débil

Un ayuntamiento tiene el deber moral y la obligación social de amparar el desarrollo personal y profesional de todos los residentes en su espacio administrativo. Pero, para poder hacerlo, necesita de recursos logísticos y medios económicos. De poco sirven las intenciones y las buenas palabras. Dentro de este marco propio de la actuación municipal, resulta lógico que buena parte del primer debate sobre el estado de la ciudad de Palma gestionada por el actual tripartito de Cort, haya versado sobre tributos, saneamiento económico y medidas tendentes a amparar a los más desprotegidos, tanto en el plano personal como de desarrollo profesional y, preferentemente, el comercio.

De todo ello adquiere especial trascendencia la resolución encaminada a aprobar un significativo incremento del IBI a las grandes superficies. Es posible que el pequeño comercio acabe beneficiándose de forma indirecta de ello, pero lo que parece claro es que lo harán las arcas municipales. Cort puede ingresar por esta vía 10 millones de euros más a partir del año que viene. La decisión queda a expensas de la aprobación formal del pleno y del desarrollo del reglamento que la concrete.

Incrementar el IBI a las grandes superficies es una vieja pretensión que el actual equipo de PSOE, Més y Podemos ha actualizado al incluirla en sus acuerdos de gobernabilidad. Pero ampliar el tributo sólo a usos comerciales es situarse en la cuneta de la legalidad. Esta es la causa por la cual Cort incluye en el mismo paquete a los inmuebles residenciales cuyo valor catastral esté dentro del 10% más alto. Con ello, el incremento se aplicará por igual a hoteles, estacionamientos, espacios de espectáculos y edificios industriales, de oficinas y religiosos no destinados al culto. Ahora se aplica un 0,642% sobre el valor catastral de los bienes considerados normales o comunes y un 0,775% en los de la categoría más alta. En la práctica supone pagar un 20% más, que se elevará hasta el 70% con la nueva medida. Esta progresividad del IBI era también una propuesta del PP, pero al final los conservadores votaron en contra por considerarla inconcreta. Ciudadanos, por su parte, no se mostró partidario de acentuar más los tipos que están en vigor en la actualidad. La ampliación del diferencial entre el IBI general y el de mayor valor quedó reservada al amparo único del equipo de gobierno.

De las 184 propuestas presentadas al debate sobre el estado de la ciudad fueron aprobadas un total de 144, de las cuales 124 lo fueron por unanimidad. Una parte de ellas, por lo menos en la versión de los responsables municipales de PSOE, Més y Podemos, están encaminadas a incentivar y proteger la participación ciudadana. También destaca el establecimiento de nuevos medios de ayuda a domicilio y el compromiso de una auditoría externa para calibrar el verdadero contenido de la deuda municipal. La portavoz del equipo de Gobierno dice que, por lo menos las 78 iniciativas presentadas por ellos, vienen marcadas por el pacto de gobernabilidad y están vestidas de realismo. Veremos. Será así si se vuelven eficaces y prácticas para el ciudadano.

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