El juez instructor del caso de los ERE andaluces que ha cerrado el sumario, iniciado hace ya varios años por la jueza Mercedes Alaya y cuyo desarrollo realizó incluso una incursión en el Supremo a causa del aforamiento temporal de alguno de los implicados, ha desembocado en el procesamiento de los dos últimos expresidentes de la comunidad autónoma andaluza, Chaves y Griñán, y a numerosos ex altos cargos. Chaves y otros siete dirigentes son acusados de prevaricación administrativa no penada con prisión y Griñán y otros 17 lo son además por malversación de caudales públicos, delito que sí lleva aparejada una contundente pena de cárcel. Griñán fue consejero de Hacienda en el mencionado periodo, y el juez supone que desde esta concreta posición tuvo que conocer lo que estaba ocurriendo.
El instructor describe en su relato de los hechos un "sistema opaco" de concesión de subvenciones ideado para facilitar el "descontrol" de los recursos que habría servido para conceder subvenciones arbitrarias desde 2001 a 2010, sobre todo a empresarios en crisis pero también para otros fines inconfesables. Los políticos ahora perseguidos, "concertando sus actuaciones de un modo expreso o tácito", permitieron la entrega de subvenciones "con total discrecionalidad" hasta un monto total de 855 millones de euros.
La falta de rigor en el manejo de fondos públicos, parte de los cuales fueron dilapidados bochornosamente según se ha conocido a lo largo de la instrucción, genera una serie de responsabilidades penales, que ahora deberán determinar los tribunales, y unas responsabilidades políticas evidentes que alcanzan no solo a los que delinquieron sino también a los que no mantuvieron suficientemente activo el control de los recursos que gestionaban, traicionando por tanto la confianza recibida, tanto de sus electores como de las fuerzas políticas en cuyo nombre actuaban. En otras palabras, la escala jerárquica contrajo responsabilidades in vigilando de indudable gravedad política, que ahora los tribunales cribarán y ponderarán en el ámbito que les corresponde.
No hay menos sospecha de que Chaves Chaves y Griñán se hayan lucrado personalmente con todas estas irregularidades, por lo que su honorabilidad está a salvo en el sentido social: no son en absoluto unos vulgares chorizos que metieron mano en la caja. Pero tampoco se puede restar trascendencia política a lo ocurrido: el dinero público es sagrado porque proviene del sudor de los contribuyentes, de forma que cualquier aplicación impropia de los caudales aportados por la ciudadanía es intolerable. La decadencia de los regímenes democráticos no sólo es fruto de las violaciones de las leyes, y así lo expresó Montesquieu en memorable cita: "No son sólo los crímenes los que destruyen la virtud, sino también las negligencias, las faltas, una cierta tibieza en el amor de la patria, los ejemplos peligrosos, las simientes de corrupción; aquello que no vulnera las leyes pero las elude; lo que no las destruye pero las debilita".
El caso de los ERE, que estuvo a la vista de todos durante un largo periodo de tiempo, sirve además para poner de manifiesto que la mejor manera de evitar desviaciones del recto proceder administrativo es establecer controles eficaces. Es difícil de entender que los interventores del Estado que alertaron varias veces de las irregularidades que se cometían no tuvieran voz ni ascendiente suficientes para que se pusiera término al desmán. A menos, claro está, que el juicio de valor negativo fuera tardío y sobrevenido, lo cual también debería ser explicado. El reforzamiento de la intervención, siempre a cargo de funcionarios especializados; el restablecimiento de la fiscalización previa al gasto, la obligación periódica de recurrir a auditorías externas, etc., son medidas preventivas que evitarían escándalos vinculados a concepciones clientelares y subjetivas del poder.
