El auto del juez que procesa a los expresidentes Chaves y Griñán por el caso de los ERE es poco controvertible en lo político: resulta sencillamente increíble que la línea jerárquica del gobierno andaluz no conociera la urdimbre clientelar creada por el propio poder ejecutivo para disponer de un gran fondo dinerario con el que repartir arbitrariamente ayudas a empresarios en dificultades. Un fondo de más de 800 millones de euros que, precisamente a causa de la falta de transparencia, sirvió para consumar toda clase de abusos con el dinero de todos. Seguramente, no hubo lucro personal, al menos en el caso de los expresidentes, pero, mientras se investigan las responsabilidades penales, hay que reconocer que el desmán político fue monstruoso. Hubo corrupción, sin paliativos.
Los ciudadanos de este país, que son muy avispados, ya se ocuparán por su parte de aplicar y distribuir las responsabilidades políticas derivadas de este y de otros muchos episodios de corrupción. Pero, además, este caso ha de servir para confirmar un axioma que debe ser una de las reglas de oro de la democracia: la única manera de asegurarse de que el poder no cometerá excesos es sometiéndolo a controles estrictos y eficientes. Control político, control judicial y también y sobre todo control técnico de carácter administrativo que confirme día a día que se cumplen los procedimientos, en especial a la hora de autorizar el gasto, y que no se incurre en desviaciones de lo marcado en las leyes.
