Pienso que en estos días en que las elecciones nuevas están a menos de un mes, el próximo 26 de junio, es bueno que pensemos un poco en lo que es políticamente "la oposición". Esta palabra significa no estar de acuerdo con algo que se nos ha planteado; y en democracia, la oposición, está constituida por los partidos que no han obtenido la mayoría y por tanto no gobiernan. De todas formas hay que tener en cuenta que los partidos de la oposición también en cierto sentido gobiernan y lo hacen cuando están de acuerdo con lo que se propone legislar el Gobierno. Si no lo están deben llevar a cabo una oposición a lo que pretende el Gobierno y puesto a votación en el Congreso, la democracia, mayoría de los partidos, incluidos naturalmente los que conforman el gobierno, decide.

Por todo lo que he dicho hasta aquí, el concepto de la oposición es muy importante, pues si no se gobierna también desde la misma, mediante la no oposición, sus partidos deben estudiar con detenimiento las cuestiones que se plantean para decidir de acuerdo con los partidos que forman gobierno.

Tal como están actualmente las cuestiones políticas, es evidente que no se podrá formar gobierno si no hay un pacto entre diversos partidos políticos, pues un solo partido no alcanzará la mayoría necesaria para constituir Gobierno, lo que dado que parte de la ideología de partidos que hayan realizado pactos para la constitución del Gobierno coincidirán con la de partidos que formarán parte de la oposición, lo que significa que en la legislación futura que se apruebe deberá haber también una coalición de las fuerzas políticas, pues sin la misma estamos abocados a un caos.

Hay cuestiones que precisan no una mayoría absoluta como las leyes orgánicas, sino un pacto de Estado, como es el tema de la Administración de la Justicia. Con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, existen en España 600.000 procedimientos penales que esperan el juicio oral.

En nuestra comunidad se están señalando vistas de juicio social para dentro de dos años por el juzgado de lo social y un asunto civil o mercantil que llegue al Tribunal Supremo tarda al menos ocho años para obtener un sentencia firme. La Administración de Justicia está colapsada por falta de medios, por lo que en cumplimiento de la Constitución, artículos 24 y 121, se la debe dotar de los mecanismos para conseguir su normalización, lo que se debe incluir en los programas electorales de los partidos que constituirán el próximo Congreso. Lo contrario, que es lo que ocurre desde hace muchos años, va en detrimento de la división de poderes que debe informar al Estado.