El paro sigue siendo exorbitante, aún notablemente por encima del 20%; los parados de larga duración más de un año en el desempleo son más de 2,7 millones, y los de muy larga duración más de tres años sin empleo superan los 1,4 millones. Pero esta situación no justifica necesariamente que se prodiguen todavía más bonificaciones a los empleadores si no se quiere distorsionar del todo el modelo socioeconómico de este país, alterando sus equilibrios fundamentales.
En líneas generales, es lógico graduar las cargas sociales para que ciertos colectivos consigan mayor empleabilidad. Pero se han concedido tantas bonificaciones que esta argucia ha dejado de surtir efecto ya todas las contrataciones son baratas, al tiempo que se ha socavado todavía más la sostenibilidad del sistema de previsión social: el déficit de la seguridad social aumenta hasta extremos insoportables, por mucho que se planee recurrir a los presupuestos del Estado para sufragar una parte de la carga social.
No se deberían implementar ni prometer más bonificaciones sin un estudio exhaustivo y completo del modelo en su conjunto. Porque no es legítimo edificar una actividad económica que no sea capaz de retribuir a sus asalariados y a proporcionarles cobertura social.
