Son los signos de los tiempos: los cabeza de lista de PP y PSOE han sido apiolados sin contemplaciones. Mateo Isern y Ramón Socías personalizan aquí la dureza de la mudanza que se opera en España. El exalcalde de Palma, político de formas suaves, alejadas de la crispación que tanto gusta aventar al PP cuando no gobierna o al ver en peligro sus posiciones, pero inoperante en Cort, ha sido apeado de mala manera: José María Rodríguez se ha tomado cumplida venganza. No ha descansado hasta que se ha desembarazado de quien nunca soportó, entre otras razones por no plegarse a su dictado, cosa que de buena o mala gana sí hicieron Fageda y Cirer. Isern no se va por motivos personales, sino porque en el PP temen seriamente que reviente en sus narices el asunto de la mafia policial. Ahí es nada: un entramado delictivo cuyos tentáculos no se sabe todavía hasta dónde llegan ni a quién puede infectar. Por ello y por rumores sobre supuestas cuentas en países extranjeros, Isern, un candidato muy bien visto por la bienpensante derecha palmesana, es apartado sin contemplaciones. No descartemos que al PP mallorquín, cuarteado por una guerra intestina en la que no se hacen prisioneros, la decapitación de Isern le salga cara.
El caso del socialista Ramón Socías tiene otros componentes, menos sórdidos, pero igualmente hirientes: se le envía al retiro porque en el PSOE balear están aterrados ante la posibilidad de quedarse con un solo diputado, relegados al furgón de cola. La presidenta Armengol teme seriamente por la estabilidad de su Gobierno si de las elecciones Podemos emerge con tres diputados, que es lo que sucedería si no consuma el inmenso error de no aceptar la coalición con Més. Socías es sacrificado porque dicen en su partido que no aporta nada. Seriamente hay que preguntarse qué sumaba la candidata autonómica Francina Armengol, con la que el PSOE se dio un fenomenal batacazo en las elecciones, que solo pudo maquillar al alcanzar de chiripa la presidencia de la Comunidad Autónoma ante el no menos espectacular descalabro padecido por el PP de Bauzá. Pero las nuevas elecciones requieren una ofrenda cruenta a los dioses: la víctima propiciatoria ha sido Ramón Socías. Los socialistas parece que se decantan por un candidato de significado nacionalista. Es el viejo error que vienen cometiendo desde la década de los ochenta del pasado siglo, el que, junto a el despropósito tras despropósito que acometen en España, les conduce lenta, pero inexorablemente hacia la irrelevancia, que están muy cerca de alcanzar.
Las dos decapitaciones son el signo evidente de que los tiempos son definitivamente otros, que no hay vuelta atrás. PP y PSOE balear jamás volverán a ser los que fueron, no podrán acomodarse a los viejos esquemas en los que uno, PP, era el partido natural de gobierno, y otro, PSOE, sesteaba en la oposición, contando con que de vez en cuando con el auxilio de otros pudiera ocupar efímeramente el poder autonómico.
Entrando en la cuestión electoral española es muy llamativa la suerte de causa general que se ha abierto contra Podemos, asunto en el que confluyen los intereses de PP y PSOE. Lo sucedido con la jueza canaria Victoria Rosell, candidata de Podemos por Gran Canaria en las elecciones del 20 de diciembre, es un espectacular ejemplo. Con la presunta ayuda de su sustituto y en base a una denuncia del exministro Soria, se ha tratado de involucrarla en un caso de prevaricación, que ahora, al conocerse unas grabaciones en las que el juez sustituto exhibe una acusada animadversión hacia Rosell, al tiempo que pacta con uno de los implicados, dejan al descubierto que todo vale contra Podemos. Llamativa la celeridad con la que la Fiscalía y el Tribunal Supremo activaron la habitualmente parsimoniosa maquinaria judicial.
Pero hay más: desde el ministerio del Interior, dirigido por alguien incapacitado para el cargo, de nombre Jorge y de apellidos Fernández Díaz, auxiliado por un director general de la Policía no menos impresentable, Ignacio Cosidó, se hacen públicos, uno tras otro, informes atribuidos a la UDEF en los que se establece que Pablo Iglesias recibió importante ayudas económicas del Gobierno venezolano. Naturalmente, el ministerio del Interior filtra a conveniencia los informes para crear la causa general contra Podemos. Hasta el momento con escaso éxito: no hay forma de judicializar el asunto, puesto que los jueces que han intervenido rápidamente archivan las diligencias, para desespero de quienes desean situar a Podemos en la picota antes de las elecciones. La causa general contra el partido se ha acentuado al constatarse que el pacto con Izquierda Unida supone un peligro no solo para el PSOE, sino también para el PP, al que la Ley Electoral puede operar esta vez en su contra, al privarle de obtener uno número indeterminado de escaños (entre ocho y diez según los expertos en la puñetera demoscopia) en circunscripciones donde el 20 de diciembre los obtuvo por escasos votos.
Lo impresentable es la utilización de los medios del ministerio del Interior, los de la UDEF, para ir contra un partido legal, al que se quiere hacer aparecer como el compendio de todas las calamidades futuras. Lo que es lícito en el ámbito del estricto debate político deja de serlo cuando se involucra al aparato del Estado. El Gobierno no puede de ninguna manera hacer lo que parece estar implementándose contra Podemos. El ministerio del Interior actúa en la frontera de la legalidad cuando utiliza a la UDEF para investigar a Podemos sin que conste intervención judicial o denuncia previa de la Fiscalía. La suya es una iniciativa grosera e inaceptable. El todo vale en la causa general abierta a Podemos probablemente tendrá el efecto contrario al que se persigue: el 26 de junio sabremos si la pretensión de fumigar el fantasma de Podemos se estrella contra la realidad que ofrecen las urnas. Si Podemos-IU obtiene los resultados que se les auguran, PP y PSOE tendrán un serio problema: la derecha al no disponer de más asidero que el del PSOE; este porque se las verá con la alternativa del diablo, la que le puede quebrar el espinazo: PP o Podemos.
