Los seis mossos d'esquadra que han reconocido que el 15 de octubre de 2013 en Barcelona provocaron la muerte del empresario Juan Andrés Benítez tras emplear una fuerza desproporcionada al detenerle han sido condenados a dos años de cárcel que no cumplirán, y otros dos de suspensión de empleo y sueldo. Además les han impuesto una orden de alejamiento por espacio de cinco años de la calle del barrio del Raval donde ocurrieron los hechos, una multa y la obligación de realizar un cursillo de derechos humanos. Pensábamos que los miembros de las fuerzas del orden público venían de fábrica con su cursillo de derechos humanos, pero por lo visto no. Me los imagino sentados en el aula, añorando la porra y la pistola, mientras el profesor les explica que los ciudadanos tienen derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad. Culturilla general, cuatro conceptos de perroflauta y un examen final para rellenar con cruces. Esperemos que les cunda, porque dentro de 24 meses volverán a patrullar las calles, cumplida su condena por homicidio imprudente y torturas. Fuerte, ¿no? Las palabras dan más miedo que sus consecuencias en la vida real.
Unos agentes golpean a un hombre hasta provocarle la muerte, y luego intentan borrar las pruebas; unos policías le gritan a un hombre "maricón" antes de tirarlo al suelo y propinarle una paliza de 12 minutos que acaba con su vida, y luego se preocupan de que algunos vecinos que lo han grabado todo borren sus vídeos de los teléfonos. Todos esos hechos probados y admitidos se saldan con dos años sabáticos y un cursillo que les vamos a pagar entre todos, porque fiscalía, defensas y acusación particular no ven claro lo que pueda fallar el jurado popular, pues la víctima padecía una dolencia coronaria y había consumido drogas antes de la brutal reducción y eso pudo influir en el fatal desenlace. Santo Cielo, los jurados populares dan más miedo que los mossos d'esquadra, nunca se sabe por dónde te van a salir; suerte que los jurados populares no van armados. Lo mismo se ponen de acuerdo en que actuar como una turba y matar a un hombre como Benítez merece un castigo ejemplar, y se nos va al garete la buena imagen de la policía catalana. No ocurrirá: 12 minutos para una somanta de palos mortal, y 35 minutos para llegar a un pacto judicial sobre los hechos incontestables. Si a esto se le llama derecho, yo no sé cómo es torcido. Necesito un cursillo de derechos humanos y que me recuerden qué partidos políticos mandan en esta Generalitat que ha rechazado expulsar a los mossos condenados del cuerpo, para no incurrir en una doble sanción. ¿Doble?
Es fácil para los profanos de la ley perderse en sus vericuetos. Tan impactante como la resolución del caso Benítez ha resultado leer el escrito de la fiscalía sobre el recurso de la concejala madrileña Rita Maestre a su condena por ofensa de los sentimientos religiosos por ocupar la capilla de la Complutense cuando era estudiante. La fiscal Marisa Morando se opone así a la alegación: "Es obvio que las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas, libres, bolleras o lo que quieran ser, pero esa conducta realizada en el altar (?) implica un ánimo evidente de ofender". La letrada enhebra en su argumentación un juego de palabras extraídas de la propia protesta feminista y recibe el aplauso de sus jefes del ministerio público. Solo que ella no es una joven activista, sino una funcionaria que debe defender de forma objetiva los intereses del conjunto de ciudadanos. Si me siento ofendida en mis sentimientos por pagar su sueldo con mis impuestos, ¿a quién debo dirigirme?
