La génesis del Palacio de Congresos de Palma ha estado apuntalada por demasiadas incidencias y sobresaltos como para permitirse ahora nuevos márgenes de error o escasez de garantías en la etapa final, en el momento de hallar a alguien dispuesto a dar vida y justificar la existencia del recinto.
Sin duda alguna los antecedentes han sido tenidos en cuenta, y mucho, en la redacción del pliego de condiciones que debe regular el alquiler y explotación del complejo. Enseguida salta a la vista que la sociedad propietaria, integrada por el Govern y el ayuntamiento de Palma, se ha esmerado en asegurar la solvencia económica, la capacidad de negocio y la experiencia en la gestión de quien o quienes resulten adjudicatarios de los dos auditorios, el hotel y los aparcamientos.
Esperemos que esta vez las cosas salgan bien. No está garantizado sin embargo que así sea, vistos los condicionantes y antecedentes del lugar. Otras veces se ha intentado sin éxito. El complejo se ofrece en arrendamiento por un precio mínimo de salida de 1,5 millones de euros al año. Este sin embargo es sólo el punto de partida. No basta el desembolso de esta cantidad para hacerse con la gestión del espacio. Las personas físicas, empresa o empresas que quieran hacerlo deberán estar también en disposición de ceder el 5% de los beneficios que les reporte la explotación del conjunto, firmar el contrato por un periodo mínimo de12 años prorrogables en otros tres y acreditar una experiencia de por lo menos un lustro en la gestión de complejos similares al que se debe estrenar en la bahía de Palma.
Aún no acaban aquí las condiciones exigidas. También deberán ser empresas o personas con un volumen de negocio documentado de por lo menos quince millones anuales en los últimos cinco años y de los cuales tres deben registrar balance positivo. Es decir, que el Palacio de Congresos y su hotel satélite no es lugar para aventureros, por bienintencionados que sean, ni para experiencias de nuevo cuño.
Se persiguen objetivos más allá de lo meramente económico y sin que con ello la Administración pierda el control ni del lugar ni de la situación. Esto explicaría que se reclame, también a modo de compromiso contractual, una afluencia mínima a los actos de 35.000 personas en un espacio de cinco años y que la mitad de ellas hayan pernoctado en establecimientos de Mallorca. El adjudicatario deberá hacerse cargo por igual de buena parte del mobiliario y aún reservar 8 días de uso al año, sin ningún coste, para la sociedad propietaria al igual que la permanente disposición de oficina, archivo, sala de reuniones y dos plazas de estacionamiento para vehículos.
Las reglas del juego, consistentes y concretas, quedan establecidas. Solo faltan los participantes para una puja final que se ha hecho esperar en demasía. La experiencia acumulada, más bien mala que buena, parece haber servido de algo al fin. El Palacio de Congresos y su hotel busca inquilino, lo hace en unas condiciones que obligan a un planteamiento serio y analítico por parte de quienes decidan presentarse a la puja. No es mal punto de partida para el intento de una gestión que necesita ser eficaz.
