Las grandes cifras del Programa de estabilidad 2016-2019, que el Gobierno en funciones está obligado a presentar a Bruselas y que fueron aprobadas en el consejo de ministros de la pasada semana, ofrecen un horizonte relativamente despejado pero sugieren al mismo tiempo una recuperación premiosa que debería obligar a los actores económicos a sugerir fórmulas para acelerar el paso y poner cuanto antes fin a las penalidades y al sufrimiento de una parte demasiado grande de la población de este país, en el que, por lo menos, hay diez millones de excluidos en mayor o menor grado: cinco millones de parados y otros tantos millones de trabajadores en empleos de gran precariedad.
El viernes pasado, la Eurozona respiraba cierto optimismo porque el Eurostat certificaba que el crecimiento de los países del euro había sido del 0,6% en el primer trimestre de 2016 el doble que en el último de 2015, con lo que se cruzaba un importante rubicón: el PIB alcanzaba en ese trimestre los 2,48 billones de euros, con lo que se sobrepasaban los 2,7 billones del primer trimestre de 2008, lo que significa que la crisis había quedado atrás después de ocho años de dificultad. Con todo, el desempleo sigue por encima del 10%, y con países como España y Grecia que sobrepasan el 20%. Y a pesar de estos indicadores, permanecen todavía activos otros rescoldos de la crisis: la atonía de la Eurozona no se ha resuelto y rondamos peligrosamente la deflación, el problema de Grecia continúa abierto y sangrante, Finlandia se mantiene en recesión, Francia no crece desde hace tiempo, la renta per cápita de Italia ha caído un 4% con relación a 2008, y han florecido partidos antisistema y antieuropeos por doquier, al tiempo que el Reino Unido amenaza con asestar a la UE el mayor golpe de su historia con su posible renuncia a seguir perteneciendo al selecto club.
España todavía no ha salido completamente del túnel: según el ministro De Guindos, a principios de 2017 se alcanzarán los niveles de renta y de PIB anteriores a la crisis. Aunque sólo regresaremos a niveles precrisis en materia de empleo a finales de 2019, después de haber creado 1,8 millones de empleos unos 470.000 al año durante cuatro ejercicios y de haber alcanzado los veinte millones de puestos de trabajo. Obviamente, las previsiones a tan largo plazo tiene un valor reducido. De Guindos llego a decir este viernes que el gran cambio de la economía española habría consistido en que ha pasado a depender principalmente de la exportaciones de bienes y servicios, por lo que si el cuadro macro se cumple, podemos contar con al menos siete años seguidos de superávit de la balanza de pagos. Como ejercicio intelectual puede admitirse pero estos alardes prospectivos no conducen a nada.
El caso es que, según el referido cuadro macro, España debería concluir este ejercicio con un déficit del 3,6%, partiendo del 5% de 2015, algo inimaginable porque resulta impensable que el gobierno que se forme después del 26J lleve a cabo un ajuste de 1,4 puntos del PIB, aproximadamente 14.000 millones de euros, en apenas un trimestre? Bruselas, que probablemente transigirá con el incumplimiento de 2015, no tolerará seguramente que la desviación se cronifique, por lo que antes o después serán inevitables unos ajustes drásticos que requerirán subidas de impuestos si no se quiere herir de muerte a unos servicios públicos que, diga lo que diga Montoro, están exhaustos y necesitados de más recursos tras los recortes realizados. En otras palabras, urge que se instale en este país el realismo económico, que sólo un nuevo gobierno recién salido de las urnas será capaz de aportar.
