El Palacio de Congresos de Palma está pasando por el traumático trance de ser un lugar exprimido antes de su entrada en servicio y cumplir con la función que, se supone, le es propia y natural. En él no se organizan eventos ni convenciones de trabajo, pero sí se generan y han prosperado conflictos de todo tipo entre las partes implicadas en el levantamiento de la mole de la bahía de Palma. El Palacio y hotel no estrenados se han convertido en un lugar exprimido al máximo en lo político, con lesiones para todos, porque todos los partidos, dada la dilatación del trance, tienen algo que ver en su construcción y también en lo económico y empresarial. Aparte de abandonos o intentos de reincorporación, ha sido un pulso constante entre la sociedad gestora formada por el ayuntamiento de Palma y el Govern, en confrontación con la constructora Acciona. Dado que se ha llegado al final de obra con muchos vaivenes, ahora se intenta buscar rédito económico al desacierto. Así funcionan las cosas incluso entre los cánones del marco legal establecido.
En la misma semana en que debemos conocer el avance de las condiciones para hacerse con la explotación del Palacio y hotel adjunto, tenemos constancia de que no hay entente en cuanto a la indemnización por el retraso de las obras. Un escollo más, por si faltara alguno, en el recinto mucho menos idílico que la fachada marítima que lo ha engullido.
Acciona anuncia pleito. La concesionaria insiste en que el parón de dos años le ha causado grave perjuicio. Lo cifra en 15 millones de euros. Esta es la cantidad que reclamará a través del contencioso-administrativo que se avecina. Con el Ayuntamiento y el Govern solo le quedan reuniones "de cortesía". La vía de la negociación formal se da por extinguida. En el otro plato de la balanza está la penalización que se puede asignar a la empresa por la tardanza en la entrega de unas obras que debían acabar en julio del año pasado y lo han hecho en febrero de éste. Los 3 o 4 millones barajados en principio acabarán en unos 700.000 euros, lo cual viene a significar que, sumando y restando responsabilidades de unos y otros, a Acciona se le acaba asignando una penalización efectiva de 35 días frente a los 210 puestos sobre la mesa en un principio. Pero el hecho trascendente es ahora mismo que, de prosperar las reclamaciones que plantea la adjudicataria de las obras, el Palacio de Congresos y su hotel satélite puede acabar costándonos 15 millones más a todos.
Es otro argumento a añadir a la imperiosa necesidad de que el complejo, dado que se ha vuelto irreversible, entre en servicio y demuestre su eficacia y capacidad de contribución a la oferta turística complementaria de Mallorca. Será el momento definitivo para ver si la infraestructura de turismo de congresos es todavía oportuna o, por contra, llega a destiempo. También el modo de rentabilizar la alta inversión efectuada y sus sobrecostes. Tal como están las cosas, en el mejor de los supuestos, los avatares y secuelas económicas de la construcción del Palacio de Congresos, seguirán perdurando y se incorporarán de forma paralela a las actividades que pueda desplegar.
