En 37 años de recorrido democrático, nuestra Constitución ha permanecido inalterable, salvo dos modificaciones de menor calado impuestas por la pertenencia europea (una para facilitar a los extranjeros el derecho de sufragio en las elecciones municipales, otra para asegurar la solvencia financiera del país). Y ello a pesar de que algunos aspectos han quedado manifiestamente obsoletos y una parte notable de la Carta Magna, casi todo el título VIII, no es dispositiva sino procesal: indica cómo se construye el Estado de las autonomías, aunque lógicamente sin consolidarlo ni darle la coherencia interna que necesitaría una elaboración tan compleja. Desde 2004 Zapatero llevó por primera vez la reforma constitucional en un programa electoral de uno de los principales partidos se han sucedido propuestas de reforma de la Constitución, que ni siquiera han llegado a debatirse por manifiesta falta de consenso. Aquella propuesta dio, por cierto, lugar a un magnífico informe del Consejo de Estado que todavía mantiene su vigencia pero que yace polvoriento en las alacenas de los partidos políticos.
Esta escasa propensión al reformismo y a una continuidad evolutiva caracterizada por la negociación y el consenso ha dado lugar a bandazos en las alternancias. El caso de la Educación es ilustrativo: en una materia en que la gran mayoría de los países europeos ha conseguido grandes pactos que dan estabilidad al modelo, aquí todavía no ha sido posible una ley paccionada, de forma que la ley orgánica de calidad de la educación (LOCE) de 2002 nunca llegó a aplicarse y la última de ellas, la LOMCE de Wert, podría ir por el mismo camino. El único asunto menos mal en que ha habido capacidad de acuerdo es el de las pensiones, ya que el Pacto de Toledo ha permitido asegurar hasta ahora la sostenibilidad del modelo? que, por cierto, se está desmoronando a ojos vista. Ni siquiera en materia de política exterior se ha mantenido el consenso básico, roto por Aznar y todavía no reconstituido completamente a día de hoy.
El paso del bipartidismo al actual modelo cuatripartito no ha mitigado esta situación. Rafael Jorba, en un magnífico artículo titulado "Todo el monte es orégano", ha escrito que "la política española, falta de liderazgos, está atenazada entre la pulsión inmovilista que ejemplariza Mariano Rajoy y la tentación populista que encarna Pablo Iglesias". "La vía reformista lamenta el autor, aritmética y políticamente insuficiente, es la del pacto entre PSOE y Ciudadanos, primer acuerdo de coalición de ámbito general desde la transición". Y a juicio del columnista de La Vanguardia, "la falta de una respuesta reformista en el conjunto del España ha debilitado las posiciones reformistas en Cataluña, incluido el sector liberal de CDC, y explica el salto exponencial del independentismo, que, visto desde Europa, se sitúa en la órbita de los nacional-populismos".
Ante el esfuerzo realizado por el PSOE y Ciudadanos, que ofrecía una renovación profunda e inclusiva de las estructuras españolas aunque sin los riesgos de una ruptura radical, es inocultable que las tensiones predominantes que finalmente han frustrado el empeño modernizador han sido la inmovilista, encarnada incluso plásticamente por Rajoy, y la rupturista, identificada con Podemos, que en realidad aspira a la voladura de la Constitución del 78 y del régimen consiguiente, y a la implementación de un sistema nuevo, basado en postulados del populismo latinoamericano. La fuerza de los extremos, que ha obrado como un único vector, ha terminado frustrando las promesas de moderación que probablemente agradaban a una mayoría de ciudadanos; a unos electores que deberán revisar en el futuro sus decisiones políticas para evitar que esta indeseable pinza frustre el camino hacia el porvenir.
