El pasado miércoles, el constitucionalista Francesc de Carreras proponía en un artículo "Lo malo y lo peor" la formación de un tripartito PP-PSOE-C's encabezado por "una personalidad independiente, es decir, por encima de toda sospecha partidista y aceptada por quienes le den soporte". El articulista concluye con estas palabras: "¿Un Monti? Sí, un Monti. No es lo ideal, cierto. Pero ir a nuevas elecciones es peor". Poco después, Albert Rivera, muy cercano políticamente a Carreras, se sumaba a la iniciativa, pero tanto Rajoy como Sánchez la rechazaban de inmediato.
La argumentación que utiliza este ilustre experto es simple: PSOE y C's han conseguido un pacto muy detallado "lo único serio de este periodo" de interinidad para negociarlo con un tercero; y al haber fallado Podemos, lo lógico es buscar al PP. "Aritméticamente serían imbatibles escribe Carreras, programáticamente no serían distantes, sólo falla la confianza personal entre Rajoy y Sánchez, y la desconfianza de Rivera en que Rajoy sea adecuado para realizar las reformas necesarias?".
La posibilidad de un candidato independiente ha sido manejada en diversos análisis, e incluso traída también a colación por quien firma estas líneas. Lo llamativo esta vez es que proviene de uno de los especialistas de mayor prestigio, con audiencia en las instituciones. La opinión de Carreras confirma, en definitiva, que el procedimiento constitucional de designación del presidente de gobierno (artículo 99 de la Constitución), está totalmente abierto, y el Rey podría elegir a cualquier candidato, diputado o no, político en activo o no, para que someta a la investidura siempre que aprecie posibilidades razonables de que su propuesta prospere.
La posibilidad existe, pero no parece muy razonable plantearla ahora, cuando los principales actores políticos ya están aparentemente convencidos de que hay que ir a elecciones y cuando la ciudadanía se ha resignado a una clamorosa pérdida de tiempo político, que, en el mejor de los casos, consumirá siete u ocho meses de inestabilidad y provisionalidad. La hipótesis de un primer ministro independiente, elegido para sacar al país del impasse que no se ha conseguido zanjar de otra manera, debería dejarse en la reserva para recurrir a ella, si acaso, tras el 26-J, si tampoco entonces las fuerzas políticas son capaces de encontrar una fórmula de gobernabilidad.
Esta hipótesis desagradable no puede rechazarse de antemano por la sencilla razón de que, por razones obvias, lo razonable es que los resultados del 27-J no sean muy distintos de los del 20-D. Por supuesto, los electores ponderarán el comportamiento de las formaciones políticas durante estos meses, su disposición o no a cumplir el mandato de las urnas que era de negociación. flexibilidad y pacto, pero no sería lógico que las inclinaciones ideológicas variaran grandemente en un corto periodo de tiempo. Y si la correlación de fuerzas termina siendo semejante, es claro que después del 26-J no habrá más posibilidad de pacto que tras el 20-D si no varía la disposición de los partidos.
En este supuesto ingrato, que sería un fracaso de las organizaciones políticas y que acentuaría el desapego de la sociedad hacia el establishment, sí podría tantearse la hipótesis de un independiente, para un periodo determinado de tiempo y con un cometido concreto (la reforma constitucional, la electoral, la negociación con Bruselas de una convergencia aceptable, etc.). De cualquier modo, en un país como el nuestro en que la democracia es una planta que se cultiva con extrema dificultad, experimentos de esta naturaleza resultan inquietantes, y a buen seguro no serían del agrado de una mayoría significativa de ciudadanos, por lo que harían bien los partidos evitándolos. Por su propio prestigio y por su porvenir, hoy por hoy incierto.
