Manos Limpias tiene serias dificultades para responder con solvencia a su denominación. De hecho, no puede hacerlo desde el momento en que tiene a su secretario general en prisión preventiva bajo la grave acusación de extorsiones de alto calado. También se le atribuye la petición de una alta cantidad de dinero a cambio de desistir de la acción popular contra la infanta Cristina, en el caso Nóos. La letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha quedado en una posición incómoda y difícil. Lo lógico es que en este momento tenga, por igual, la mirada puesta en la Audiencia Nacional y en la de Palma y que se debata entre la ética, la estética y el sentido de su tarea profesional.
La detención del secretario de Manos Limpias y las imputaciones que se realizan a un sindicato que tampoco es conocido por su representación laboral, trastocan muchas cosas. Como consecuencia de ello, las posiciones se recolocan en el juicio del caso Nóos. El fiscal ha solicitado de inmediato copia de cuanto se hace en la Audiencia Nacional con Manos Limpias y las defensas de Diego Torres, Iñaki Urdangarin y Mercedes Coghen han pedido directamente que se expulse de la sala a la representación jurídica del sindicato.
Ya hay respuesta. El tribunal no ve motivos ni base legal para ello y ni siquiera para recabar testimonio de las actuaciones madrileñas. Se basa en el estado embrionario del proceso contra Manos Limpias y Ausbanc. Según las magistradas, en todo caso se debería esperar a la sentencia, lo cual, evidentemente, será posterior al veredicto de Nóos. ¿Por qué si en realidad ha habido extorsión para retirar la acusación contra Cristina de Borbón, no fue denunciada a su debido tiempo?
Por pura coincidencia en el tiempo, el revuelo y las precipitaciones organizadas al amparo de graves imputaciones penales a Manos Limpias, contrastan con el detalle y la precisión de algunos testigos, no todos, en el juicio. Es el caso, ayer, del conde de Fontao. Quien fuera asesor externo de la Casa del Rey entre 1993 y 2014 se esforzó en buscar la palabra exacta, el término preciso, y en algún punto irónico, para describir su función profesional y su interpretación de las actividades desplegadas por el matrimonio Urdangarin-Borbón en el bienio 2005-2006.
José Manuel Romero ha distinguido claramente entre la monarquia, lo institucional, lo mercantil y lo privado. En su declaración de ayer dejó claro que las actividades del instituto Nóos le parecían "inadecuadas para el esposo de una infanta de España" porque eran claramente mercantiles. Por eso aconsejó la constitución de una fundación que, tras diversos avatares, acabó formalizándose. El conde de Fontao también dejó patente que no percibió hechos ilícitos y aseguró desconocer que Cristina de Borbón fuera propietaria de la mitad de Aizoon. El testigo no pasó más allá de admitir que "el marido de la infanta no podía hacer negocios en primera persona" aunque considera que podía hacerlo por medio de terceros.
