Desde la Fundación RANA reivindicamos una reflexión colectiva sobre la necesidad de cambiar una ley que permite que prescriba el tiempo para denunciar un abuso sexual sufrido durante la infancia. Nuestra experiencia en el tratamiento psicológico, y sin ánimo de lucro, a 150 víctimas ya adultas, nos proporciona argumentos de peso para rebatirla y reclamar su revisión. A decir verdad, por mucha ayuda profesional que reciban estas personas, y al margen de su evolución individual, todas ellas lo continúan siendo de un sistema que no comprende que no se le puede poner una fecha de caducidad, como si de un alimento se tratara, al complicado proceso de liberación de la carga emocional que arrastran estas personas durante años. Cada una de ellas evolucionará su dolor como buenamente pueda, con escasas ayudas por parte del Estado, todo hay que decirlo, obligadas a asimilar que fueron abusadas por adultos, sus propios abuelos, padres, padrastros, sacerdotes, profesores, entrenadores deportivos?, que decían quererles y comprenderles, cuando lo que en realidad hicieron fue destrozar su inocencia.
Que los legisladores se pongan por un momento en la piel de una de estas víctimas. Querer olvidar, hacer lo imposible para lograrlo, una y otra vez, y no conseguirlo. Vivir toda la vida confundido por quienes tratan de presionarte para que no hables, para que encubras la realidad con la amenaza de que, de no hacerlo, caerá sobre tu conciencia la ruptura familiar o el descrédito de la escuela o de la Iglesia. Que son capaces de chantajear y confundir a un niño hasta hacerle creer que si consintió fue porque le gustó, de disfrazar como amor lo que en realidad era miedo y sumisión a un adulto, y dirigirles hábilmente hacia una conclusión, la de que si se le ocurre contar a alguien lo sucedido nadie, nadie, le creerá, y que lo único que conseguirá será desprecio.
Coincidirán ustedes que a una pena tan infinita le debería corresponder una mucho mayor, legalmente hablando, para el abusador. Pero no sólo no es así, pocos años de condena y más que cuestionable rehabilitación, sino que, además, a la víctima se le pretende limitar en el tiempo su proceso de duelo, que suele incluir depresiones, aislamiento, dificultad para relacionarse emocionalmente, tantas veces alcoholismo, falta de autoestima, trastornos de conducta y un larguísimo etcétera. Así, por imperativo legal, ese amasijo de terribles consecuencias tendrá que gestionarse en un plazo de diez años, debiendo costear la víctima los tratamientos que necesite menuda injusta paradoja, más allá de la ayuda profesional que pueda ofrecerle una ONG como la nuestra. Sin olvidar que en ese proceso, desde el momento en el que reúne la fuerza necesaria para denunciar, y muchas lo hacen veinte años después, con la maternidad o paternidad como detonante activador de una memoria bloqueada inconscientemente en el olvido, o incluso treinta, como es el caso de muchas víctimas que acuden a nuestra Fundación, deberá enfrentarse nuevamente al abusador y a su entorno, muy probablemente a la falta de pruebas, y tendrá que estar lo suficientemente fuerte psicológicamente para soportar un procedimiento judicial arduo y complejo.
Por todo ello, desde RANA exigimos que a las víctimas se les deje de echar en cara que su denuncia llega tarde, cuando en muchos casos su dolor no prescribirá de por vida, y que se reivindique y premie su valentía para decidirse revelar un secreto tan desgarrador. Eso si que servirá de ayuda, tanto para ella, como para las otras posibles víctimas, las que por similares razones callen aún, o las que pueden llegar a serlo por culpa, en parte, de ese silencio social, colectivo y cómplice.
Ampliemos nuestra visión del problema, revisemos esta injusta ley, tal y como ha hecho la iglesia católica al solicitar la suspensión de la prescripción para los delitos de pederastia cometidos por miembros de su clero. Que los legisladores asuman su responsabilidad para acabar con el abuso sexual infantil, como debemos hacer cada uno de nosotros, padres, educadores, sanitarios, entrenadores, todos tenemos que tener más que claro que nuestra misión como adultos es la de proteger a los niños. En este sentido, RANA continúa fiel a su compromiso fundacional, hace justo ahora diez años, abanderando la sensibilización social frente al abuso sexual infantil, y educando en su prevención, hasta la fecha, a 17.0000 niños y jóvenes de Balears. Porque no es ya sólo que podamos acabar con el abuso sexual infantil, es que cada uno de nosotros, incluidos lógicamente los legisladores, tiene que hacer su parte para lograrlo.
Por eso, si usted, lector, está de acuerdo en que los abusos sexuales sufridos en la infancia no deberían prescribir, entre en change.org y firme la campaña #nohayperdón, promovida por una víctima, hoy ya adulta.
* Presidenta de la Fundación Red de Ayuda a Niños Abusados (RANA)
