En las condiciones sociales y económicas actuales, es muy probable que uno de los mayores retos del Govern esté en logar el sustento básico de todos los ciudadanos de Balears sin desmotivar con ello el estímulo personal y la competitividad laboral. No es fácil porque la cuestión es compleja y presenta muchos matices, pero ello tampoco puede ser óbice para aparcarla. Las intervenciones institucionales y políticas deben afrontarse desde la realidad del momento presente.
El Govern Armengol, convencido de la eficacia de su trabajo, pero con serias dificultades para el equilibrio político que le impiden sustituir conselleras con soltura, se había fijado la implantación de la renta social como una de sus grandes prioridades. Su necesidad no requiere grandes explicaciones porque, quien más quien menos, sabe qué pasa en su casa y en la calle. Las secuelas de una crisis que ha dejado a más de uno al borde de la exclusión todavía son muy patentes y, por otro lado, el llenazo turístico del verano no se presenta, ni mucho menos, como remedio de todos los males. Ni siquiera es herramienta homologada para la estabilidad y la normalidad.
Así que el Parlament logró ayer uno de estos escasos consensos que se dan muy de tanto en tanto y aprobó, con abundantes matices, la ley de la Renta Social Garantizada. Hay 20 millones para cubrir sus mayores urgencias. En principio, se esperaba poder disponer de 60. El Govern está contento porque recupera y crea derechos y la oposición, en general, le reconoce el mérito y la necesidad de la iniciativa emprendida, pero también le hubiera gustada mayor vínculo de la renta mínima con la inserción laboral.
Sin embargo el Ejecutivo dice que son dos cosas diferentes, por eso la nueva ayuda social será compatible con la renta de inserción. Se distingue entre apoyo básico integral y estímulo profesional aunque se procura crear bases legales suficientes para que lo uno no pueda desmotivar lo otro. La implantación de la renta social será progresiva. De entrada la percibirán unidades familiares sin ingresos y con hijos a su cargo. Se estima que puede llegar a beneficiar a 3.000 familias o, lo que viene a ser lo mismo, a entre 9.000 y 12.000 personas. Més, la coalición que tiene las responsabilidades ejecutivas de Bienestar Social, se muestra satisfecha porque asegura la subsistencia elemental. Será con asignación mensual de entre de 429 y 775 euros.
El PSOE también se alegra del "gran avance" logrado frente a lo que entiende como filosofía neoliberal que hace caer sobre las personas el problema de la pobreza. Podemos, por su parte, se conforma, de momento, pero aspira a más. Le gustaría que la renta social fuera acompañada de una reforma fiscal y de un cambio en el modelo productivo. El PI y Ciudadanos, desde sus respectivas ópticas, la hubieran querido vinculada a programas sociales. Con todo, podemos llegar a la conclusión de que se habían puesto demasiadas expectativas sobre el sistema de ayudas aprobado ayer por el Parlament. No es la solución, ni mucho menos, pero sí un alivio, una necesidad frente a la coyuntura actual. Porque todo el mundo tiene derecho a lo elemental.
