Apelar constantemente, por parte de la izquierda, a la corrupción del PP, silenciando la corrupción propia es algo muy característico de quienes jamás han hecho nada por disminuir esta lacra y de los que sólo se dedican a lanzar acusaciones por puro interés partidista.

El partido que más casos de corrupción tiene, que más imputados tiene, que más dinero ha presuntamente robado, es el Partido socialista. Un partido carcomido por la corrupción que gobierna en comandita con los dos grupos de Més, sin que, a estos partidos, ello les suponga ningún problema de conciencia; y que cuenta con el apoyo externo de Podemos, que tampoco ve corrupción alguna en el PSOE, mientras tilda al PP de mafia y de organización delictiva. Es bien curiosa esta ceguera selectiva de los partidos de izquierdas.

El hecho de presentar una proposición no de ley, como la de los dos grupos de Més, atribuyendo al Parlament las funciones de un tribunal, supone un precedente inédito y que, desde mi punto de vista, está fuera de lugar. De hecho, si ésta ha de ser la deriva parlamentaria, como se vería presentar una proposición no de ley sobre un caso bien reciente: el caso Multimedia, donde presuntamente se desviaron 300.000 euros de las arcas públicas, han imputado por tres delitos de corrupción a un exsenador socialista y que uno de los grandes beneficiados de esta trama corrupta sería el padre de la diputada socialista, Silvia Cano. ¿Estaría bien que fuera el Parlament quien lo juzgara y dictara la sentencia?

O cómo se vería hacer otra proposición no de ley sobre la posible financiación irregular de Podemos, una vez se está investigando la posibilidad de que Irán haya sido uno de los países que han ayudado económicamente a este partido.

Pero apurando aún más. No podríamos considerar corrupción de baja intensidad, el retorcer el reglamento del Parlament para que Més tenga dos grupos parlamentarios, i que esto nos cueste a todos los ciudadanos 250.000 euros adicionales.

Y, ¿no es otra forma de corrupción hacer recaer sobre las espaldas de todos los menorquines la sentencia de 30 millones de euros del caso Cesgarden? ¿No deberían pagarlo de su bolsillo los que por su capricho nos han llevado a esta situación? En efecto, si tuvieran un mínimo de decencia evitarían cargar sobre las espaldas de los ciudadanos sus caprichos y sus errores. Pero, claro, es más fácil cargar contra el PP que asumir sus propias responsabilidades.

La proposición no de ley de Més cuestiona la financiación de la campaña electoral de 2007 del PP, a pesar de que la sentencia del caso Scala deja claro que no hubo financiación irregular, la auditoría y el informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes tampoco detecta nada y el Tribunal de Cuentas tampoco ha visto ninguna irregularidad. Pero la izquierda insiste en ver irregularidades donde nadie las ha visto antes.

La proposición no de ley es un bodrio jurídico y sólo responde a la obsesión enfermiza del grupo Més, cuyo único objetivo no es mirar de resolver los problemas de los ciudadanos, sino de destruir al PP. Quieren convertir el Parlament en un tribunal de apelación o de segunda vuelta, retorciendo las funciones propias del poder legislativo, para asumir funciones del judicial. Pienso, sinceramente, que el Parlament ha de actuar como un Parlament y los tribunales como un tribunal. No se pueden subvertir las cosas, ni suplantar las funciones de unos con los otros, como pretende la izquierda revanchista y sectaria que ahora ocupa los escaños de nuestro Parlament.

* Diputado autonómico del Grupo Popular y portavoz de Hacienda