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Llorenç Riera

La igualdad de trato al empleado público

Una cosa tan elemental como aplicar el tratamiento igualitario a quienes están en las mismas condiciones resulta demasiadas veces complicado. Pasa, sobre todo, en el entramado administrativo, unas veces porque la normativa establecida lo impide, y por tanto se vuelve discriminatoria, y otras porque la burocracia es buen camuflaje para intenciones ocultas. También puede ocurrir que confluyan los dos elementos para acabar de enrevesarlo todo. Es la impresión que uno tiene cuando repasa lo ocurrido a cuenta de la una y otra vez anunciada supresión del "nivel 33", ese plus que permite a los funcionarios que han ejercido cargos políticos de designación o confianza, ver incrementadas sus nóminas hasta niveles máximos cuando regresan al puesto laboral de origen.

La cuestión no podía mantenerse más en situación de enredo y vaguedad. Hacerlo era dejar patente que la supresión de este complemento para privilegiados era solo una declaración formal para quedar bien de cara a la galería y no tanto una voluntad real de llevarla a término. Entre posibles derechos adquiridos, avisos de reclamación de los afectados y demás confusiones varias, ha ido pasando el tiempo. El Govern fijó en los presupuestos de este año una partida para el "nivel 33", pero la dejó en suspenso, sin ejecutar, a la espera de unas clarificaciones y unas resoluciones legales que él mismo debía impulsar. El Ejecutivo tiene mucho de juez y parte en este asunto. Son los apuros de quien debe gobernar, es decir, adquirir iniciativas y desarrollarlas.

Ahora parece que llega el momento definitivo para dictar sentencia de abolición para el "nivel 33". Se ha esperado el último momento para hacerlo, el día en que acaba el plazo para la presentación de enmiendas para la modificación de la Ley de la Función Pública. El Govern aprovecha esta vía para procurarse garantías legales para suprimirlo de una vez por todas. Ciudadanos ya solicitó en su día, por el mismo camino, que se dejara sin efecto la bonificación del complemento, pero ahora los tres partidos que sustentan al Govern, PSOE, Més y Podemos, van más allá introduciendo la extinción del "nivel 33", incluso con efecto retroactivo, en todos los órganos de las administraciones autonómica, insular y local. El Govern llega hasta donde puede alcanzar, lo cual significa que podrán seguir aferrándose al "nivel 33" los funcionarios dependientes del estatuto estatal del Empleado Público. Es el caso del personal docente de la Universitat y no del administrativo del mismo campus.

Aparte del montante económico que comporta, pagar, o dejar de hacerlo, un abultado complemento salarial a quienes han desempeñado un cargo de confianza política es una cuestión de principios que retrata el concepto que se tiene de la función pública y el talante de quienes se introducen en ella. Durante el tiempo en que habrá estado en vigor, el "nivel 33" ha permitido conocer demasiados casos de quienes tenían desmesurado afán de aprovecharse de él. También ha constituido un elemento discriminatorio y una herramienta para primar determinadas formas de servicio público olvidando que lo prestan todos los funcionarios por igual.

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