El pasado día 15 de marzo se debatió en el Parlament balear una proposición no de ley presentada por los dos grupos parlamentarios de Més en las que se pedía revisar la contabilidad del Partido Popular correspondiente a la campaña electoral de 2007. Según los dos representantes de Més, dicha campaña fue financiada de forma irregular y, en consecuencia, pedían la devolución de la subvención electoral recibida, cuyo importe es de 1.107.256,63 euros.

Quiero manifestar, en primer lugar, mi total rechazo a cualquier acto de corrupción. Todos los casos de corrupción que han ido apareciendo en los medios de comunicación, y especialmente los que afectan al Partido Popular, me avergüenzan profundamente y, por tanto, no me cansaré de exigir que el peso de la ley caiga de forma contundente sobre aquellos que han defraudado nuestra confianza, aprovechándose de su cargo público para su enriquecimiento personal.

En esta misma línea se tienen que circunscribir las más de setenta medidas que el Gobierno central ha impulsado para combatir la corrupción, en lo que se ha convertido en el paquete más ambicioso, completo y eficaz jamás visto en nuestro país. Unas medidas que van desde la aprobación de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reformas del Código Penal o la ley reguladora del estatuto del alto cargo; hasta la creación de una oficina de recuperación y gestión de activos, medidas de mayor control en la gestión de los partidos políticos o la limitación de las retribuciones a los miembros de los consejos de administración de los bancos intervenidos.

En el caso de Balears, el PP ha aplicado un exigente código ético, pionero a nivel nacional, que prevé, entre otras cosas, no incorporar a ningún imputado por corrupción en las listas electorales.

Pero a la izquierda todas estas cuestiones le importan un pimiento. De hecho, la proposición no de ley presentada no tenía por objeto proponer medidas para intentar erradicar la corrupción, ni proponía medidas para mejorar la transparencia, ni nada de todo esto. La proposición no de ley sólo tenía un objetivo: poner en entredicho cuestiones que ya están juzgadas y fiscalizadas para así poner sombras de duda sobre la actuación del Partido Popular.

Queda demostrado que a la izquierda no le interesa perseguir la corrupción, sino que su único interés es perseguir al PP. No busca la verdad, sino que sólo busca destruir al PP. Y utiliza la corrupción, no para combatirla, sino como arma arrojadiza para erosionar al Partido Popular.

El ejemplo del caso Scala, esgrimido en la proposición no de ley, es el único en el que el PP, como tal, ha sido implicado. Es un caso juzgado y sentenciado donde, en efecto, el PP fue condenado como responsable civil a título lucrativo a pagar 10.585 euros, que ya están abonados. Es importante recordar que un responsable civil a título lucrativo es aquel que ha obtenido un beneficio derivado del comportamiento delictivo de otro.

Poner en cuestión la honestidad del PP y argumentarlo con la sentencia del caso Scala, que deja claro que el PP no fue corrupto, es una desvergüenza que sólo busca el revanchismo más grosero y el enfrentamiento partidista, sin entrar en el fondo de la cuestión y sin poner propuestas en positivo para luchar contra esta lacra que es la corrupción.

(*) Diputado autonómico del Grupo Popular y portavoz de Hacienda