El estreno de lujo de la temporada turística de 2016 ha contado con la irrupción vinculante y perjudicial de unos viejos conocidos, los controladores franceses. Con el don de la intromisión en los momentos más críticos y sensibles, han vuelto a realizar dos días de huelga aprovechando el inicio de la Semana Santa. El perjuicio causado vuelve a ser descomunal. Supera con creces el elemental derecho a la huelga que debe tener todo asalariado pero, en este caso concreto, exteriorizar la justificada protesta por la reducción de equipos humanos profesionales y medios técnicos, es una reivindicación que, pese a sus buenos argumentos, causa un perjuicio general muy superior al logro que pretende alcanzar.
Otra vez se actualiza el conflicto entre interés general y derecho profesional. Es una vieja disputa que nunca se resuelve. Permanece latente causando deterioro en lo laboral y en los eslabones de la convivencia de los trabajadores de la navegación aérea con la sociedad a la que sirven. También grave perjuicio económico, especialmente en un lugar como Mallorca, dependiente de todo cuánto le llega a través de los aviones.
Ryanair, una de las compañías más perjudicadas porque es de las que mejor exprime a sus aeronaves, no desatina la propuesta cuando indica que este tipo de conflictos deberían resolverse por vía arbitral o mediante la suplencia de profesionales de otro país. Su jefe de comunicación recordaba ayer que los controladores franceses llevan sumando 42 huelgas desde 2009. La aerolínea irlandesa de bajo coste emprende ahora una campaña para equiparar a los controladores con militares y policías, en cuanto a derecho de paro laboral reivindicativo.
Es una manifestación más de una indignación creciente que ha adquirido múltiples formas y expresiones justificadas en los dos últimos días. En los aeropuertos españolas se han sucedido las escenas de pasajeros que veían abortado su viaje de vacaciones o trabajo debido a la huelga de los controladores galos. En Son Sant Joan se volvieron a acumular ayer retrasos de unas cuatro horas de promedio y se cancelaron treinta vuelos, especialmente con destino o procedencia del Reino Unido, Alemania y el norte de Europa. Se calcula que, en las dos jornadas de paro, el aeropuerto mallorquín habrá perdido unas 4.000 llegadas, a las que habrá que sumar las salidas abortadas por cancelación o ruptura de enlaces. A los cincuenta vuelos anulados con Mallorca, hay que sumar las 300 conexiones perdidas desde otros aeropuertos.
Las cifras son de sobra elocuentes para poder hablar por sí solas. El tráfico aéreo del centro de Europa y las comunicaciones directas con Balears no pueden permanecer en vilo ni a merced de las reivindicaciones laborales de los controladores franceses, por justas que éstas sean y por mucho que puedan repercutir en la seguridad y la comodidad de los pasajeros. En el caso que nos ocupa, el perjuicio general supera con creces al beneficio sectorial, con el agravante de que la situación, la aguda problemática, se repite una y otra vez sin visos de solución. También hay que controlar la capacidad de diálogo y de negociación.
