Turquía era hasta hace poco un país excéntrico con relación a la Unión Europea que flirteaba con el islamismo más o menos radical y que vulneraba sistemáticamente los derechos humanos, encarcelaba a los opositores y liquidaba a los adversarios. Hasta el momento, Chipre, que mantiene un contencioso con Ankara, y otros países como Francia, habían conseguido paralizar sine die el proceso de incorporación de Turquía a la UE, que en todo caso quedaba aplazar al cumplimiento estricto de los criterios democráticos de Copenhague, que debe reunir irremisiblemente cualquier candidato a la adhesión.
Pero la presión migratoria de los grandes flujos provenientes de Siria, Irak, Afganistán, etc. sobre el corazón de la UE ha hecho cambiar de opinión a los europeos, con Merkel a la cabeza. Bruselas accede a pagar 6.000 millones de euros (y no 3.000, como se había acordado), a eliminar el visado a los turcos que viajen a Europa y a acelerar el proceso de adhesión con tal de que Turquía acepte recibir de vuelta a todos los refugiados, incluso sirios, que lleguen directamente a Grecia. La UE, por su parte, irá acogiendo ordenadamente a un número de refugiados sirios equivalente a los expulsados. Este sistema inutiliza, obviamente, el papel de las mafias que trafican con seres humanos, ya que la acogida sólo se realizará por cauces oficiales.
Turquía hará, en definitiva, el trabajo sucio: mantendrá a los sirios hacinados en campos de concentración y gestionará a los refugiados fuera del sensible escrutinio de la prensa occidental. Las violaciones de derechos humanos del régimen de Erdogan, cierre de periódicos incluido, han dejado de tener importancia. La UE se desangra en sus propias contradicciones.
