La escena inexistente, sin antecedentes, inimaginable hasta hace poco, se ha vuelto real. Cristina de Borbón ya ha rendido cuentas, en calidad de imputada por delito fiscal, ante el tribunal del caso Nóos. Cumplido el trámite, la infanta, al igual que la mayoría de los acusados, no volverá al banquillo de Son Rossinyol hasta que el juicio entre en la fase de conclusiones. Es la opción elegida, del mismo modo que resultó previsible el comportamiento de la hermana del Rey, ayer. Solo alguna duda fugaz al corresponder a las preguntas de su defensa y cierta incomodidad personal frente a las ráfagas de interpelaciones sin respuesta y los documentos exhibidos por Manos Limpias.
Fueron comportamientos predefinidos. Todo estaba preparado. Había sobrado tiempo de entrenamiento. Cristina de Borbón es y quiere seguir siendo distinta. Le molesta el hecho de ser interpelada. No entra en sus previsiones. Se mueve en el ámbito familiar, institucional y el profesional de la Fundación La Caixa. Va al lugar que le marca la agenda familiar y firma en el punto que le indica. También es madre de familia con cuatro hijos que en el apogeo de Aizoon eran de corta edad y no dejaban margen para entrar en minucias, asistir a juntas o pedir explicaciones sobre el negocio doméstico. Para esto estaba el marido, Iñaki Urdangarin.
Cristina de Borbón no se sale del guión. Mira hacia arriba y al igual que su marido y Diego Torres, se ampara en el asesoramiento de la Casa Real. Es la primera allegada directa de la monarquía española que, con su declaración a medida, deja abierta la posibilidad de poner en entredicho a sus asesores. Si todo tenia el visto bueno de Carlos García Revenga y sus asistentes, no había porqué cuestionarlo. Es su tesis.
Ni cuentas en paraísos fiscales ni escudo fiscal para Aizoon. Hubiera sido demasiado escandaloso admitir la posibilidad de ser utilizada como instrumento de ilegalidad. Cristina de Borbón sale en defensa de su marido. Sabe que en ello va la suya. Más allá de los lazos afectivos y el régimen matrimonial, la licenciada en ciencias políticas titulación resaltada por igual por la acusación y la defensa no utiliza los conocimientos académicos para desgranar el sentido y contenido de sus firmas en Aizoon.
Tras el comportamiento previsible de Cristina de Borbón y agotados todos sus recursos directos previos al veredicto, queda más visible que nunca la ignorancia deliberada esgrimida durante todo el proceso y se vuelve a plantear su verdadero sentido. Al tribunal le corresponderá valorar si el no saber ni querer saber resulta punible o puede convertirse en atenuante o eximente. Existe abundante jurisprudencia para basar la decisión.
Mientras, también queda un resquicio para seguir explotando el papel de víctima. Ya lo hizo ayer Pau Molins al protestar por la exhibición de documentos a su defendida amparada en el silencio y quejándose por las preguntas "improcedentes e impertinentes" que Virginia López Negrete hubo de dejar en el aire. También habría que determinar si el derecho a callar, en este caso, es compatible con el derecho a saber de los ciudadanos en cuanto al uso de bienes y cargos públicos.
