Los resultados electorales que arrojó el 20D obligan a un entendimiento, aunque ya hay un sentir general de posibles nuevos comicios. Si éstos tuvieran lugar, probablemente acabarían con un resultado similar, según las últimas encuestas del CIS. El posible ascenso del PP por la política del voto útil contra Ciudadanos queda neutralizado por el escándalo de su dirección regional valenciana, todos ellos imputados. Habría que ver cómo hubiera sido la encuesta después, ya que los sondeos se realizaron justo antes de la detención de Ruz.

El PP no puede erigirse como el estandarte de la lucha contra la corrupción y de ahí que Rajoy calle a la espera de lo que resulte el posible pacto PSOE-Ciudadanos. Esta legislatura exige un entendimiento extraordinario por parte de todas las fuerzas políticas y sienta un precedente porque, de no cambiar la ley electoral, todo hace pensar que esta va a ser la tónica en los próximos años. Prueba de ello son las coincidencias en las opiniones tanto en el PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos sobre la inconveniencia en una nueva convocatoria electoral.

La "legislatura del entendimiento" implica renunciar a una política de partido para buscar el bien común. Está claro que el PP puede sentirse ofendido vista la negativa del PSOE a negociar con Rajoy, pero si éste buscaba un Gobierno de coalición PP+PSOE+Ciudadanos, el PSOE también busca un Gobierno PSOE+Ciudadanos con la absención del PP. Pero el problema viene justo después. El PP domina el Senado con mayoría absoluta, ¿cuál va a ser entonces el papel del PP en ese posible Gobierno PSOE+Ciudadanos? La "legislatura del entendimiento" implicará que el PP tenga que votar a favor de las reformas estructurales que planteen PSOE+Ciudadanos si quiere mantener fuera del poder a Podemos. Estaríamos ante una legislatura encabezada por el PSOE y que, posiblemente, supondría el fin de Rajoy como político ya que en el próximo Congreso del PP todo hace pensar que habrá un relevo. Verse salpicado por el escándalo de Valencia no inspira confianza en los militantes del PP que ya exigen renovación. Basta ver cómo tratan a Rita Barberá a día de hoy, la otrora diosa del Mediterráneo valenciano, como una militante más esperando que presente su baja del partido de confirmarse su relación con la trama criminal. Cómo no, se ve protegida por su aforamiento y muchos dudan de su renuncia a dicho privilegio.

Por otro lado, Ciudadanos tiene que exigir al PSOE un cambio radical en sus políticas. Aquí no se trata en esta "legislatura del entendimiento" de derogar todo lo que hubiera aprobado el PP, sino de exigir las reformas que el pueblo español demanda, esto es, reformas de calado: cambios en la Constitución que puedan afectar al contribuyente como la del Senado, definir el modelo territorial del título VIII, reforma de leyes orgánicas como la relativa al Poder Judicial e impedir su intervención a través de los nombramientos de los partidos políticos, lo mismo respecto del Tribunal de Cuentas en el cual todavía a día de hoy podemos encontrar desde el hermano carnal de José María Aznar, exministros del PP como Margarita Mariscal de Gante, y hasta el concuñado de Rodrigo Rato, fallecido recientemente. Estos parentescos "divinos" otorgan poca credibilidad a la labor que tiene encomendada el tribunal. Ahí están las evidencias que, con todos los escándalos actuales, en el máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas reina un silencio sepulcral. Son muchas las materias a debatir y aquí no tendría espacio suficiente para detallarlas, pero dado que estamos ante un "entendimiento extraordinario obligado" es importante afrontar las reformas por el bien del país. Como bien decía Albert Rivera, no busquemos el "y tú más" sino el bien de España.

Tal vez el papel de Ciudadanos ha sido forzar a que las fuerzas mayoritarias PP y PSOE vean que no tienen otra opción que reorganizar sus propias líneas rojas sobre las que antes ni siquiera eran capaces de cruzar. Puedo recordar la comparecencia de Montoro en la tribuna de oradores del Congreso diciendo que nunca habíamos alcanzado los niveles de riqueza con otro modelo de Estado que no fuera el de las autonomías. Nadie lo discute, pero a qué precio. No podemos consentir, por ejemplo, una constante petición de ayuda económica al Fondo de Liquidez Autonómico por parte de Cataluña considerando el desafío que ella misma hace al Estado. Fiscalizar cada una de las comunidades autónomas con mayor rigor para evitar despilfarros como el de Valencia, Cataluña o Andalucía.

¿Estamos dispuestos a cruzar líneas rojas por el bien de España? ¿Lo está el PP? ¿Lo está el PSOE? En caso afirmativo, llegaremos a un acuerdo de legislatura. En sentido contrario, nos vemos abocados a unos nuevos comicios. Lo sabremos en unas semanas.

* Economista, auditor y censor jurado de cuentas