En los primeros meses de 2015 arreciaron las declaraciones ante el juez Castro de varios imputados que ponían bajo sospecha la adquisición y posterior reforma de la sede del Partido Popular en Balears. Primero en sede parlamentaria, y después en el juzgado de instrucción, se apuntaron datos, fechas y nombres de constructores "generosos" que contribuyeron con sus donaciones a la compra del inmueble en Palma. Algunos de esos nombres ya aparecían en los sumarios que investigaban otras sedes del PP desde mediados de 2013, concretamente las de Bilbao y Logroño. En el caso de esta última, en la contabilidad del partido en La Rioja se encontró un apunte bajo el epígrafe "ayuda de la sede nacional". Se trataba de una aportación a fondo perdido desde Madrid por valor de 200.000 euros. El asunto de la sede del Partido Popular del País Vasco tiene algunas diferencias. Se investiga el periodo 1999-2005, y aunque el PP vasco obtuvo los mejores resultados de su historia en las elecciones autonómicas de 2001 -se convirtió en la segunda fuerza política más votada tras el PNV- su poder institucional continuaba bajo mínimos. Por eso Luis Bárcenas declaró ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional que, dada su escasa capacidad para conseguir "donaciones", se hacían transferencias periódicas desde la sede nacional a la del País Vasco para financiar su nueva sede en pleno centro de Bilbao, porque en Madrid había un exceso de liquidez en las cuentas al que había que dar salida.
Y en esas andábamos cuando en marzo de 2015 Bárcenas conectaba las sedes de Bilbao y Palma al nombrar ante el juez Castro al mismo empresario, Antonio Pinal, como uno de los financiadores de ambas, y añadía un poco más de pimienta negra a la ensalada al referirse a la adjudicación del hospital de Son Espases. Y aquí es cuando saltaron todas las alarmas en la cúpula del PP de Balears. A dos meses de las elecciones autonómicas, el epicentro de la corrupción se podía instalar en su flamante sede de Palau Reial, con registro televisado incluido como en otras ocasiones.
Ahora se puede contar, y al César lo que es del César. José Ramón Bauzá tomó entonces la decisión de abandonar de inmediato la sede de Palma, porque ni sabía nada de todo ese turbio asunto, ni quería verse salpicado por él a escasas semanas de comenzar la campaña electoral. Se localizó un local en alquiler en un polígono de servicios a las afueras de la capital para instalar allí la nueva sede de manera cautelar. Se comenzó a planificar la logística de una mudanza rápida, y sólo quedaba por resolver la viabilidad económica de mantener el pago de las dos hipotecas de la actual sede con el alquiler de la nueva, al menos durante unos meses. Bauzá acudió a la sede central de su partido para comunicar su decisión, explicar los motivos de la misma y solicitar apoyo, y la respuesta que recibió en Madrid fue tajante: ni se te ocurra.
La estrategia servía para Bauzá, y también para la Secretaria General, María Dolores de Cospedal, y sus cargos de confianza, que trataban de limpiar la imagen de la organización sin poner una bomba en el edificio. Establecer ese cortafuegos podía suponer una presunción de culpabilidad, pero también era un gesto firme para dejar claro que existía un antes y después en la financiación del partido. ¿Por qué entonces esa negativa rotunda a trasladar la sede en Balears? Para hallar la respuesta vuelvan al primer párrafo. Los posibles damnificados, por acción o por omisión, habitan despachos en Génova 13 desde hace dos décadas, y eran demasiados.
En mayor o menor medida, el problema de la financiación ilegal termina afectando a todos los partidos, incluidos los que se jactan de no deber ni un euro a los bancos, como si todo el altruismo y la generosidad del mundo se concentraran en dos países, Irán y Venezuela. En el caso del PP la cuestión se agrava por el inmenso poder territorial que llegó a acumular en los últimos años, y por el nivel obsceno de mangancia individual, que es lo que sucede a medio plazo en lugares donde se gobierna durante años sin apenas alternancia política: Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia€ Con la que está cayendo, la tibieza en la respuesta ante los últimos casos que afectan a los populares sólo se entiende al constatar la aluminosis que corroe toda la estructura del edificio de Génova, que amenaza con implosionar. Con toda la razón, Rajoy reclama respeto para los más de siete millones de ciudadanos que le dieron su apoyo en las pasadas elecciones. Pero también él debería mostrar respeto a esos votantes que se avergüenzan de las prácticas corruptas en el partido que él preside, y que no entienden la estrategia mariana de "ya escampará".
