Dos ciudadanos han sido privados de libertad, encarcelados cinco días, por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El inquietante, paulatino, regreso de la pulsión autoritaria, siempre agazapada en la entraña española, ha tenido una manifestación nítida en la decisión tomada por un juez a petición de un fiscal de enviar a la cárcel a dos comediantes, dos titiriteros, por una imposible apología del terrorismo. Tal cual sucedía en la España de la década de los sesenta del pasado siglo (qué lejos, qué cerca queda todo), cuando la dictadura franquista diseñó uno de sus artilugios represivos: el Tribunal de Orden Público (TOP) con el que eficazmente puso fuera de circulación a quienes incurrían en los temibles delitos de reunión, asociación y expresión. Se trataba de cercenar cualquier atisbo de libertad. Se hizo a conciencia. Algunos de los jueces-represores que integraron el TOP después disfrutaron de una notable carrera profesional: acabaron con plaza en el Tribunal Supremo. Cosas de la peculiarísima transición española de la dictadura a la democracia. Ahora un juez de la Audiencia Nacional ha considerado que dos ciudadanos podían y debían ser encarcelados por la mencionada apología del terrorismo. Para ello ha contado con la entusiasta colaboración de un fiscal, presto a seguir las directrices políticas que emanan desde arriba.
Lo sucedido no puede disociarse de las leyes represivas aprobadas en el mandato legislativo del PP, concretamente la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, un instrumento para dar a la policía atribuciones sancionadoras, que nunca deberían estar en sus manos si es que seguimos creyendo en el Estado de Derecho. Los titiriteros han pagado las consecuencias de la pulsión autoritaria, de la histeria desatada en la derecha conservadora ante la que consideran intolerable ocupación del ayuntamiento de Madrid por parte de los trasuntos de Podemos, que aportan lo suyo a la histeria: lo ponen demasiado fácil a la ofensiva derechista y, al tiempo, le hacen la vida muy difícil a la alcaldesa Carmena. Les conviene aprender rápido o la ola que se está generando puede llevárselos por delante.
El encarcelamiento de los dos comediantes ha sido tan grotesca que al juez y al fiscal no les ha quedado otra que la reculada. Vergonzante, pero reculada: los han puesto en libertad con medidas cautelares, las que no se han aplicado a sinvergüenzas encorbatados, caso de Jordi Pujol y Rodrigo Rato, entre otros muchos. Cuando un medio de comunicación de referencia en Europa, el Financial Times, ha llevado a su portada lo sucedido, alguien le ha dicho al fiscal que debía recoger velas y éste le ha pasado el recado al magistrado de la Audiencia Nacional. Si en España el Estado de Derecho no andara renqueante, uno y otro deberían ser encausados por un posible delito de prevaricación. A Garzón lo eliminaron por pretender judicializar los crímenes del franquismo. El Tribunal Supremo actuó con diligencia. El juez que osó poner en prisión preventiva al mangante apellidado Blesa también está fuera de la carrera judicial.
Y a todo eso, sale nuevamente a escena con estrépito el inefable ministro del Interior, hoy, loada sea la divinidad, ya en funciones, Jorge Fernández Díaz, quien declara que ETA, lo que un día fue una banda terrorista sanguinaria, y ahora una organización en trance de liquidación por cierre, aguarda "como agua de mayo" a que se formalice un gobierno de PSOE, Podemos e Izquierda Unida respaldado por el PNV, un gobierno que, para el ministro en funciones, será mucho más proclive a sus intereses de lo que lo ha sido el del PP, del que no puede esperar nada, se jacta ufano.
Fernández Díaz no será desautorizado por el presidente del Gobierno, también en funciones, pero debiera si en España fluyera adecuadamente el Estado de Derecho. Debiera. Es penoso tener que recordar que fue con un gobierno socialista, el del machacado hasta la extenuación José Luis Rodríguez Zapatero, siendo ministro del Interior Alfedro Pérez Rubalcaba, cuando ETA depuso las armas, se rindió, agotada, por mucho teatro que le echase al implícito reconocimiento de que había perdido. Las afirmaciones de Jorge Fernández Díaz malician que el PP, al comprobar que está boqueando sus postreros estertores gubernamentales, no se parará en barras, dispuesto a utilizar lo que haga falta, incluido el terrorismo, para soslayar lo inevitable: irse a la oposición. Pero al contrario de lo que sucedió doce años atrás, el espantajo de ETA, sus despojos, no sirven para los propósitos que anidan en el PP. Fernández Díaz, que no fue destituido cuando recibió en su despacho oficial a Rodrigo Rato, lo que se hubiera dado de inmediato en Europa, la occidental, porque la otra, todavía enferma por el destructivo virus moral que le inoculó el comunismo, acumula muchos más tics autoritarios que los que se detectan en España.
El encarcelamiento y posterior renuente liberación de los titiriteros, las estúpidas declaraciones de Jorge Fernández Díaz o el innecesario y letal aforamiento de Rita Barberá en el Senado, que elimina de cuajo cualquier discurso regeneracionista que intente hilvanar Mariano Rajoy y el PP, son los signos de que estamos llegando al final del camino. Después de casi dos meses de las elecciones generales, se abre paso cada vez con más fuerza la tesis de que el socialista Pedro Sánchez, que no para de subir su graduación política, conseguirá la investidura y formará gobierno. Albert Rivera exhibe unas hechuras que había perdido en la última semana de la campaña electoral e inmediatamente después de las urnas. Se aguarda a que Pablo Iglesias haga el movimiento que se supone ejecutará en cualquier momento, el que desencallará la situación posibilitando el gobierno o bien de Sánchez en minoría o el de coalición, el ejecutivo que se ha transmutado en la pesadilla de Jorge Fernández Díaz.
Lo vivido esos días es probable que no sea otra cosa que las sacudidas que da el morlaco malherido, si es que el término taurino es pertinente en unos tiempos en los que la que se denominó fiesta nacional no cotiza al alza. Estamos en vísperas de cambios notables. Mariano Rajoy comprobó ayer y constata hoy que es el pasado, que ya casi nada pasa por él. Ha desperdiciado su cuatrienio. No le salvan un juez, un fiscal y sus ministros.
