Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Antonio Papell

Oportunismo soberanista

Este miércoles, los partidos soberanistas registraron en el Parlamento de Cataluña la petición de tres ponencias para redactar tres nuevas leyes que emanan claramente de la declaración independentista del 9 de noviembre. Las leyes son las de transitoriedad jurídica, Seguridad Social y Hacienda, y están claramente encaminadas a materializar la llamada "desconexión", es decir, el teórico proceso de abandono de la legalidad vigente y la adopción sin solución de continuidad de la nueva, propia de una Cataluña independiente. La iniciativa no marca un calendario preciso para que comiencen los trabajos parlamentarios, pero el hilo ha sido puesto simbólicamente en el ojo de la aguja y en cierto modo constituye el arranque del proyecto de dieciocho meses que han tramado Junts Pel Sí y la CUP para llevar a cabo la secesión (PP, PSC y Ciudadanos no participarán en la ponencia y el portavoz de Podemos, Juan Coscubiela, ya ha la ha calificado de "juego de manos"). Y por si hubiera dudas sobre el sentido de la medida, las aclaró el nuevo presidente de la Generalitat quien, en la sesión de control del mismo día, espetó a la oposición: "Ustedes se han dado cuenta demasiado tarde de que la independencia va en serio".

La petición de una ponencia es la vía más lenta para redactar una ley (o para no redactarla, como ha ocurrido con la ley electoral catalana, que no ha prosperado en varias legislaturas), y de momento ha de interpretarse como un gesto político, encaminado a sondear las resistencias del Estado tras la suspensión de la declaración del 9N por el Constitucional. De momento, la Abogacía del Estado ya ha presentado un incidente de ejecución de aquella sentencia encaminado a anular la creación en el Parlament de una comisión de estudio sobre el proceso constituyente, evidentemente vinculado a la ruptura inicial; es posible que ahora el Gobierno amplíe el incidente y lo extienda a las referidas iniciativas legislativas; y es improbable que el Constitucional no acceda a tomar unas decisiones que desarrollan la doctrina ya marcada.

Con toda evidencia, el alarde independentista y las declaraciones chirriantes de Puigdemont son una provocación al Estado para medir la fuerza de su respuesta en estos momentos de provisionalidad y vacío político (aunque no de vacío institucional puesto que todos los poderes están en perfectas condiciones de cumplir con su deber). Pero precisamente porque existe este reto, el Gobierno en funciones debería hacer pedagogía y convocar a la oposición para dar visibilidad a la unidad democrática frente a un proceso que trata de avanzar por vías ilegales y que ni siquiera cuenta con la teórica potencia moral que le proporcionaría el ser mayoritario. Como se sabe, en el recuento efectuado por los propios soberanistas, sus apoyos no alcanzaron el 50%, lo que hace directamente imposible que los rupturistas encuentren algún apoyo de la comunidad internacional.

En definitiva, se trataría de demostrar a Puigdemont y a sus seguidores que el Estado no descansa, ni sestea, ni baja la guardia, aun cuando el cambio de gobierno plantee complejidades que requieren tiempo para resolverse. Rajoy, derrotado en su pírrica victoria electoral, con la agenda "muy libre", ha enmudecido en todo lo que no sea lamentar su falta de apoyos y, se supone, enredar para evitar que sus antagonistas formen gobierno. Cuando su obligación sería mantener hasta el último día toda la atención en los problemas de actualidad, en la evolución de los acontecimientos que no dependen directamente de la formación del nuevo gobierno, para evitar cualquier signo de parálisis en todo aquello que debe seguir funcionando con independencia del color político del poder.

Compartir el artículo

stats