La mesura es siempre buena consejera. Pero el consistorio de Mateo Isern no la tuvo, se dejó llevar más bien por la arrogancia y la inercia de la mayoría absoluta para aprobar la ordenanza cívica de Palma. Mal hecho. No basta prohibir. Hay que saber hacerlo a través de los cánones de las competencias establecidas y de la legalidad. El anterior consistorio palmesano del PP no se sujetó a ellos, con el resultado de la anulación que ahora le aplica el Tribunal Superior de Balears a instancias del contencioso planteado por las asociaciones de vecinos.
Es una verdadera papeleta para el actual pacto de gobierno. Aparte de los ciudadanos, serán los primeros perjudicados por la desautorización del exceso cometido y que ellos mismos cuestionaron cuando estaban en la oposición. Habían prometido derogar y sustituir la ordenanza cívica, pero el TSJB se adelanta. La invalida sin adentrarse en el fondo de la cuestión ni el detalle puntual de los cincuenta artículos impugnados. No pormenoriza si se han invadido derechos fundamentales de los ciudadanos, pero da la razón a la parte demandante en el sentido de que se asumen competencias descritas en el Código Penal y por tanto, propias de instancias superiores a la municipal. La sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal reprocha al Ayuntamiento que no se preocupara de obtener informes previos para aclarar la existencia de unas duplicidades que el auto da por manifiestas.
De momento se organiza un gran colapso administrativo. Quedan en el aire 18.000 expedientes de infracción y se instala, otra vez, la provisionalidad y la desorientación. El problema está en haberse adentrado en cuestiones tan elementales como los derechos de manifestación y reunión o haber intentado poner coto a la expresión artística. Sin duda, la calle necesita estar limpia, el ruido restringido, el respeto ordenado, la pluralidad homologada y el sentido común instalado, pero no puede hacerse al precio de quitar vida a la vía pública ni poniendo amortiguadores a la libertad de expresión. La grandeza y eficacia de un ayuntamiento está su capacidad por coordinar y regular estas cosas y en la complicidad que es capaz de establecer con la ciudadanía para ello. La práctica imperativa que el ahora diputado Isern dejó implantar, ha dado mal resultado. Afortunadamente, diríamos, pero también es cierto que ahora, con la anulación, se deja un gran vacio pendiente de reparar.
El malestar y la desorientación se manifiestan evidentes. El alcalde Hila habla de "error irreparable" y pide responsabilidades a un PP que solo acierta en manifestar que ellos hicieron una especie de cortar y pegar de un articulado estándar para quien quisiera usarlo. Ciudadanos demanda premura ante la negligencia y capacidad de consenso para establecer una ordenanza nueva. No se puede volver a caer en los mismos errores. Las cosas deben hacerse con un minino de rigor y seriedad. Palma necesita una ordenanza elemental para estimular las buenas prácticas urbanas y cívicas. También para controlar y sancionar a quienes son incapaces o no quieren sujetarse a ella. Nada más. Tampoco nada menos.
