Ni los más optimistas podrían negar la gran dificultad que tiene la empresa que acaba de asumir Pedro Sánchez al aceptar la encomienda de someterse a la investidura para presidir el futuro gobierno de la nación. La división del abanico parlamentario en cuatro grandes fuerzas, además de una decena de pequeños partidos, fuerza los pactos y las coaliciones como condición indispensable para la gobernabilidad, y en este país singular y cainita los acuerdos políticos son criaturas exóticas que han de sufrir las más graves descalificaciones. Pactar es claudicar y por lo tanto una prueba de cobardía moral. Y con este bagaje primitivo y predemocrático, la convivencia se nos puede escapar de las manos.
Descartada la gran coalición, que no es deseada por una mayoría muy cualificada de electores y que no parece compatible con el gran deterioro experimentado por el PP a causa de las últimas y aterradoras noticias de corrupción que nos ha brindado, el PSOE deberá dirigirse como es natural a las fuerzas contiguas, a Podemos y a Ciudadanos, en busca de afinidad y comprensión.
La matemática electoral no permite sin embargo un gobierno a dos (salvo la descartada fórmula PP-PSOE), de modo que el PSOE sólo conseguiría la investidura si contara con la complicidad de sus dos vecinos a la vez (no necesariamente el voto afirmativo: bastaría con el apoyo de uno y la abstención del otro). Pero ello no es posible porque Podemos y Ciudadanos se han declarado recíprocamente incompatibles. La fórmula de que Sánchez pacte con Podemos, PNV, IU y recabe la abstención de los independentistas catalanes no es admisible por el PSOE (ni por Ciudadanos) por razones obvias, que además han sido remarcadas por el comité federal socialista.
Semejante rompecabezas sólo puede resolverse mediante el desarrollo de una estrategia inteligente que debería consistir en la búsqueda de un programa común, que después debería ser sacado adelante y llevado al poder ejecutivo por procedimientos que a priori no conviene siquiera indagar. En primer lugar, habrá que definir para qué se quiere un gobierno; y parece lógico que los tres partidos mencionados coincidan en que, sobre todo, para llevar a cabo las grandes reformas, que requieren amplio consenso (también del PP, por supuesto): constitucional, de la ley electoral, de regeneración democrática, de la Seguridad Social, contra la corrupción, etc.
En segundo lugar, es preciso que quede claro que el nuevo gobierno no podrá pretender asumir la gobernación "normal" del país durante toda la legislatura: tiene que ser un gobierno de gestión, de duración limitada, que se disolverá para sacar adelante la reforma constitucional (la disolución de las cámaras es preceptiva antes de celebrarse el referéndum de ratificación). Los asuntos corrientes del día a día se resolverán por consenso, lo que significa que habrá que huir de cualquier matiz sectario.
En tercer lugar, si se consigue el mencionado pacto, habrá que negociar cómo se formailza. Las fórmulas son muchas y van desde el gobierno monocolor socialista apoyado por uno de los dos socios con la abstención del otro hasta una coalición a dos o a tres. En el fondo, el modelo no sería relevante siempre que estuviera claro el cometido que debería desarrollar. Lógicamente, esta suma de suma de fuerzas generaría inevitables conflictos, pero es probable que nadie se atreviera a romper la baraja cuando ya existiera el acuerdo de los cambios que podrían llegarse a realizar. Existiría una potente presión moral a los actores en el sentido de no frustrar las posibilidades del país con una negativa pusilánime a llevar el entendimiento hasta las últimas consecuencias. Quizá, al cabo, los españoles tengamos la grandeza de sacar adelante un empeño como este, plagado de tantas y tan graves dificultades.
