Por si acaso restara alguna duda, ayer volvió a quedar claro en el Parlament que existen dos posturas políticas encontradas en materia urbanística y que el modelo territorial que condiciona estas islas acaba siempre vagando entre una y otra. Es la indefinición convertida en confusión y, a la larga, permisividad incontrolada. Existe un criterio expansivo hasta la exageración que el PP aplicó con esmero en la legislatura pasada y otro más restrictivo y protector que el Govern Armengol quiere implantar ahora. Ha empezado por aparcar los articulados más permisivos de las leyes de Turismo, Agraria y del Suelo que se encontró al llegar al Consolat de Mar.
Las posturas carecen de voluntad conciliadora. No es que lo sean en sí mismas, sino que la falta de vocación política de entendimiento las hace especialmente dificultosas y, en la mayoría de los casos, estériles. De igual modo se estancan en una posición superficial. A duras penas se llega al fondo de la cuestión. De este modo se hace muy difícil tomar medidas efectivas sobre el urbanismo y territorio en Balears porque las disposiciones con el recorrido máximo de una legislatura apenas tienen resultado eficaz.
La presidenta Armengol justificó la congelación de lo aprobado antes por el PP con la necesidad de "defender el patrimonio natural de todos" y la conveniencia de "crecer de manera justa y equitativa". Dice ver ahora en ello el momento oportuno ante las perspectivas de crecimiento económico que se avecinan para "una sociedad equitativa". Suena bien, sin duda alguna, pero falta concretar el qué y el cómo. La presidenta también habla de mejorar y transformar el patrón productivo de Balears. La referencia es oportuna al amparo del último conflicto, el cierre de la fábrica de Bimbo, pero resulta por igual un escollo difícil de superar, dado que los intentos anteriores de diversificar la producción industrial y abonar la desestacionalización turística se cuentan más bien por fracaso.
El PP tenía que hacer algo, por lo menos para cubrir el trámite, a la vista del desmantelamiento de sus normas básicas. Ha actuado con poco rigor y demasiado artificio. Son las ataduras de su interinidad. La siempre vehemente Marga Prohens ha optado, sin más explicaciones, por solicitar la dimisión del conseller Joan Boned y la retirada del decreto de medidas urgentes. Ha considerado, de todos modos, que el decreto implantado por el Govern Armengol resta importancia a la calidad del turismo.
Por supuesto, la corrección efectuada cuenta con el respaldo de Més y Podemos mientras que Ciudadanos observa en ella falta de diálogo y El Pi dice aspirar a que se pueda avanzar mucho más sobre el asunto. Ante tal panorama, un buen logro en beneficio del urbanismo de estas islas, sería el dar con el punto de confluencia de todas las fuerzas políticas para establecer criterios de estabilidad duradera. Pero, por desgracia, las actuaciones no se encaminan hacia esta deseable posición.
