La intervención de la abogada del Estado Dolores Ripoll al inicio del juicio del caso Noos en el que debe ventilarse si la infanta Cristina debe ser o no acusada y, por tanto, figurar en el banquillo de los acusados durante todo el juicio, ha sorprendido a casi todo el mundo, incluido el ministro de Justicia, que ha dicho "la frase de Ripoll es confusa".
Si es obvio que todo español tiene derecho a la defensa y, por consiguiente nada es más lógico que los abogados de Cristina se aferren como una lapa a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) conocida como doctrina Botín, que determina la no procedencia de llevar a juicio penal a alguien con la sola acusación de la acción popular, en ausencia de acusación de la fiscalía y de la abogacía de Estado como partes perjudicadas, también es cierto que es dudoso que tal sentencia creara jurisprudencia puesto que el mismo TS se corrigió a sí mismo en el caso Atutxa. En el caso Botín la fiscalía de la Audiencia no acusaba por los delitos fiscales atribuidos al banco; sí lo hacía la acusación particular. En Noos sí acusan fiscal y abogacía por delitos fiscales a Urdangarin, pero no a su socia en Aizoon al 50%. En todo caso lo que no parece tan lógico es que la fiscalía, que tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y la abogacía del Estado que se supone que defiende los intereses dañados de la Administración, en este caso la Agencia Tributaria, se sumen de forma entusiasta a las labores de defensa de la infanta.
Argumenta la señora Ripoll que la expresión "Hacienda somos todos", que justificaría la legitimidad de la acusación popular protagonizada por Manos limpias y dejaría sin explicación posible la actuación de la fiscalía y la abogacía del Estado, es un simple eslogan publicitario. Si esto fuera así, y dado que la expresión no es otra cosa que una paráfrasis del artículo 31.1 de la Constitución: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad?", podríamos concluir que otros artículos fundamentales de la Constitución, por ejemplo, el artículo 1 que dice que "la soberanía nacional reside en el pueblo español", o el 2: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española?", o el 6: "La estructura interna de los partidos y su funcionamiento deberán ser democráticos", o el 14: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia" son también, siguiendo el razonamiento de Ripoll, eslóganes, aunque no hayan merecido aún formar parte de un mensaje publicitario. Algunas leyes parecen incluso aseverarlo, como bien puede verse en el caso de la ley de violencia de género, donde el delito cometido por varón es agravante frente al cometido por mujer. Algunos exmandatarios, como Matas, que dijo en un alarde de sinceridad a Jordi Évole, en el programa Salvados, que atendió las peticiones de Urdangarin porque era el duque de Palma y porque todos no somos iguales. En fin, siguiendo los razonamientos de la abogada del Estado y de un expresidente delincuente como Matas llegaríamos a la conclusión que la Constitución es un eslogan para tenernos mesmerizados; pero que la realidad transcurriría por otros derroteros.
Dado que el organismo encargado de gestionar el sistema tributario es la Agencia Tributaria y ésta se ha declarado no perjudicada por la actuación de la infanta Cristina, hay que recordar que el artículo 103.3 de la Constitución dice que la ley regulará las garantías para la imparcialidad (de la Administración pública) en el ejercicio de sus funciones. Ya dije en una ocasión que la Agencia Tributaria era en realidad la agencia arbitraria. ¿Se acuerdan del traslado del aquel jefe de la misma en Balears, Burillo, que investigó el Palma Arena y a Maria Antònia Munar, que fue trasladado a Zaragoza?¿Cómo la Agencia, que enmendaba a la sala de la Audiencia que indicó a Castro la vía de investigación del posible delito fiscal, descartaba cualquier forma de culpabilidad a Cristina, adjudicándosela toda a su marido?¿Recuerdan el escándalo de la información de la Agencia de la venta por la infanta de trece inmuebles por valor de 1,43 millones de euros en los ejercicios de 2005 y 2006 en cuyas declaraciones figuraban unos incrementos de renta que podían estar sin justificación, todo negado por la Casa Real? La Agencia culpó a registradores y notarios, un lío de dígitos, desmentido por ambos colectivos. ¿Recuerdan que la directora de la Agencia dijo a micrófono abierto que no sabía lo que decía? ¿Recuerdan que los inspectores de la Agencia rechazaron la actuación de la infanta en 2007 desgravando su declaración de renta con facturas falsas para evitar el delito fiscal?¿Que con posterioridad el ministerio se corrigió y aceptó la desgravación? ¿Recuerdan los cambios internos para lograr informes favorables a la infanta?¿El mangoneo de la Agencia por Montoro acusando a diputados y cineastas? Todo, claro, vulnerando la confidencialidad y el mandato constitucional de la imparcialidad. La Agencia no tiene ninguna credibilidad (excepto para Horrach y Ripoll) para exigir deberes fiscales a nadie.
Pero si quedara alguna duda de la manipulación de la Administración por parte del Estado vulnerando la imparcialidad de la misma, Mariano Rajoy aportó su granito personal en una clara intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial cuando el pasado año, en entrevista televisiva, declaró: "Estoy convencido de la inocencia de la infanta", añadió: "Le irá bien". ¿Cómo no interpretar esta declaración como una transgresión clara del principio de la división de poderes? Contra lo afirmado por Juan Carlos I en el mensaje navideño de 2013, es evidente que los españoles no somos todos iguales ante la ley. Y esta convicción carcome la propia estructura del Estado.
Se ha argumentado en defensa de Cristina haber confiado ciegamente, como esposa enamorada, en su marido, y haber firmado en barbecho cuanto documento le fue presentado por él. Se compadece poco con la superior formación académica y profesional de ella. Y se extraña la opinión pública de su cierre de filas con él, que le ha provocado el distanciamiento con el resto de la familia real. Independientemente del amor por su marido, de infidelidad reconocida, Cristina no puede reprochar nada a Urdangarin sin reprochárselo a sí misma. Fue educada, sí, como sus hermanos, pero no en valores ejemplares sino en el ejemplo de un rey que podía permitírselo todo porque gozaba de total impunidad ante la opinión pública. Éste es el drama y la perplejidad de Cristina cuando alguien empezó a decir que el rey estaba desnudo. Letizia, a pesar de la antipatía que provoca (o provocaba) es la coautora, junto a Felipe VI, de la mejoría de la imagen de la corona.
