El resultado de las últimas elecciones a Cortes ha colocado al Partido Socialista y a su secretario general Pedro Sánchez en todo un dilema estratégico. Dispone de tres alternativas: Primera, abstenerse en la investidura del candidato del Partido Popular a cambio de alguna negociación política. Segunda, postularse para la presidencia con los votos de Podemos e Izquierda Unida, más necesariamente los nacionalistas catalanes (ERC, DL) o vascos (PNV, Bildu). Tercera, forzar la convocatoria de nuevas elecciones tras que transcurran dos meses sin que ningún candidato obtenga la investidura del Congreso.
Todo lleva a descartar la tercera opción. Las encuestas electorales coinciden en que se produciría el sorpasso y Podemos mejoraría los resultados electorales del PSOE. Por otra parte, es más que probable que Pedro Sánchez no repitiese como candidato socialista a la presidencia. Se impone escoger entre las otras dos. ¿Pactar con Podemos y los nacionalistas o, por el contrario, negociar la investidura del candidato del Partido Popular?
El principal argumento de la militancia socialista en favor del pacto con Podemos y los nacionalistas es el repudio a negociar con la derecha. Claro está que sería muy caro el precio de un acuerdo con partidos partidarios de un plebiscito de autodeterminación en Cataluña y, mutandis mutandi, en el País Vasco. ¿Y la alternativa de una negociación con el Partido Popular? ¿Existe alguna contrapartida que permitiese superar ese repudio a consensuar con la derecha? ¿Podría ser la reforma de la Constitución?
De acuerdo con el artículo 167 de la reforma constitucional, el proyecto debe ser aprobado por una mayoría muy cualificada de las tres quintas partes de cada cámara, es decir 210 diputados y 160 senadores. Alcanzar esta mayoría exige necesariamente de un pacto entre el PP y el PSOE. Los dos ineludiblemente. La reciente propuesta de Pedro Sánchez para gobernar con Podemos y Ciudadanos suma un total de 199 diputados que alcanzaría para que el líder socialista fuese investido presidente pero sería insuficiente para iniciar el procedimiento de reforma constitucional.
Esta realidad coloca al Partido Socialista y Pedro Sánchez ante una oportunidad histórica única y probablemente irrepetible. En su programa político para las elecciones a Cortes Generales se lee lo siguiente: "Los socialistas creemos que el tiempo para la reforma de la Constitución ya ha llegado. Y también creemos que este convencimiento es crecientemente compartido por los ciudadanos. Debemos afrontar la reforma constitucional sin miedo, con ilusión y esperanza. Y también y sobre todo, con voluntad de diálogo y acuerdo".
Sin los diputados y los senadores socialistas resulta inviable alcanzar esa mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado que exige la reforma constitucional. ¿Reforma constitucional a cambio de investidura? ¿Sería para la militancia socialista aceptable que su grupo parlamentario se abstuviese en la investidura del candidato popular a cambio de consensuar una reforma de la Constitución?
Pedro Sánchez se vería obligado a una muy elaborada explicación didáctica pero a cambio se le abriría la puerta para protagonizar un nuevo proceso constituyente como en 1978 le sucedió a Felipe González. Entonces el Partido Socialista fue capaz de llegar a acuerdos con políticos que procedían de la derecha franquista y consensuaron un texto constitucional. Aquel acuerdo catapultó al líder socialista como sucesor de Adolfo Suárez.
Todas las constituciones se promulgan en un momento histórico convulso. Desde la americana de 1776 y la francesa de 1791, la de Weimar de 1919 o las españolas de 1931 y 1978. Todas. No será difícil coincidir en que el escenario político actual es especialmente complejo. España precisa de una reforma constitucional que afronte cuatro grandes materias: la configuración federal del Estado, su articulación en la Unión Europea, el sistema electoral y la consolidación económica, educativa y social del Estado del bienestar.
Para conseguir este objetivo, el Partido Socialista resulta clave y absolutamente imprescindible. Solo falta que se dé cuenta, que asuma ("sin miedo, con ilusión y esperanza") su rol central y llegue a los acuerdos precisos para que esta legislatura del 2015 devenga constituyente. El procedimiento del artículo 167 de la Constitución concluye con un referéndum de ratificación cuando así lo soliciten una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Esto supuesto, Podemos suma un número de diputados suficiente y podría dar cumplimiento a su promesa de un plebiscito nacional y, por ende, también en Cataluña. A esta solución parece haberse referido Ada Colau cuando ha pedido una alternativa creíble al derecho de autodeterminación del pueblo catalán.
Claro está que carecería de sentido que una reforma federal de la Constitución no fuese ratificada también con el voto mayoritario del electorado catalán. Este objetivo político obligaría a retomar la propuesta de revisar la disposición adicional segunda y añadir Cataluña a los territorios forales de Navarra y el País Vasco.
Es una ocasión histórica. Debemos pedir altitud de miras a los políticos todos, conservadores y progresistas, unionistas y nacionalistas. Nos va el futuro en ello.
* Profesor de Derecho constitucional
