Si el conglomerado de los sumarios del Palma Arena se ve superado por algunas de sus piezas separadas, como el mismo caso Nóos, también resulta evidente que el contenido de las cuestiones previas de este juicio oral iniciado ayer, y su principal protagonista, Cristina de Borbón, se han vuelto una pieza procesal por sí misma, desconocida, capaz de captar la atención internacional, el interés social y un despliegue mediático sin precedentes. También todos los esfuerzos de la asistencias letradas particulares y defensores de los intereses públicos para exculpar a la hija y hermana de rey. La abogada de Manos Limpias sigue siendo la única que nada a contracorriente en este sentido. Ayer quedó sobradamente demostrado.
No hubo sorpresas. Todo transcurrió según el guión previsto en función las actitudes procesales mantenidas en la instrucción. Si acaso, la mayor contundencia verbal y recopilación documental para exculpar a Cristina de Borbón. Ni el fiscal, ni la Abogacía del Estado y hasta la de la comunidad y, por supuesto, la defensa apasionada de un Jesús Maria Silva que argumenta la "vulneración de los derechos fundamentales" de su clienta regatearon medios en su esfuerzo para convencer a las magistradas de la exculpación de la infanta.
Las tesis del fiscal confluyen con las de la asistencia letrada de Cristina de Borbón cuando Pedro Horrach viene a decir que el tribunal se la juega utilizando para ello la afirmación de que "la única actuación judicial posible es la del archivo de la causa" por lo que respecta a la esposa del inexpresivo Iñaki Urdangarin. Permanece en el candelero la doctrina Botín y la jurisprudencia obrante sobre ella. Todo se dirime en el linde técnico capaz de decidir si cabe proceso penal cuando no hay acusación pública. Ni lesión a los intereses colectivos cabría añadir, pero la abogada del Estado ha llegado a la convicción de que la propaganda institucional mentía cuando lanzaba el mensaje de que Hacienda somos todos. Dolores Ripoll concluye que "no existe acusación pública en materia tributaria", lo cual irrita en particular a la letrada de Manos Limpias y le lleva a alertar sobre "el privilegio de inmunidad" o a negar a la abogada del Estado "el monopolio en la defensa de los intereses de la Hacienda pública". Diego Torres no se suma a la causa de proteger a sus antiguos socios. Logra la exculpación de su mujer por parte del fiscal y aporta nuevas pruebas documentales vinculadas a Urdangarin. Por esta senda pueden ir los pactos no desvelados.
Si Cristina de Borbón hubiera remitido una foto a la sala no hubiéramos visto alterado el rostro que petrificó ante el tribunal. Se miraba en el retrato institucional de su hermano que presidía la vista. Estuvo hierática, distante. Era la inexpresión de quien busca la ausencia, la actitud consciente y ensayada en disconformidad y acatamiento obligado por haber sido la primera pariente o miembro directo de una familia real en sentarse en el banquillo. Pero salió de la vista con un nuevo informe de Hacienda, en manos del fiscal, que la exculpa y otro de sus letrados que viene a rebajar su responsabilidad civil en 50.000 euros. El tribunal dirá.
