El PSOE dedica el último capítulo de su programa electoral para el 20D a una "Propuesta socialista de reforma constitucional: por un nuevo pacto de convivencia". Cuatro son las razones que avalan a su juicio la necesidad de la reforma: Primera, que la realidad se ha transformado tan profundamente que es necesario extender y garantizar los derechos sociales básicos. Segunda, que la experiencia de estos casi cuarenta años ha puesto de relieve lagunas que hay que cubrir. Tercera, que la Constitución dejó prácticamente en blanco el modelo territorial, por lo que hay que regular constitucionalmente el Estado de las autonomías. Cuarta, que es preciso constitucionalizar la pertenencia a Europa.
Tal reforma se estructuraría sobre cinco grandes ejes: 1) Más justicia social: modificar el artículo 135 de la Constitución, blindar los derechos sociales, una mejor regulación del derecho al trabajo, dotar de contenido el derecho teórico a la vivienda, reformar los derechos medioambientales y el derecho a la educación, etc. 2) Fortalecer y ampliar derechos y libertades: incorporar a la Constitución una regulación expresa y específica de la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en el orden de sucesión a la Corona, abolir la pena de muerte incluso en tiempos de guerra, consolidar el principio de laicidad, mejorar la atención a las personas con discapacidad, etc. 3) Mejorar la calidad democrática y de las instituciones: fortalecer la democracia interna de los partidos, limitar el aforamiento parlamentario, obligar a la tramitación como ley ordinaria de los decretos leyes, incrementar la proporcionalidad en el sistema electoral y desbloquear las listas, etc. 4) "Federalizar el Estado autonómico y reformar el Senado". Y 5) Introducir en la carta magna la adhesión a la UE y desarrollar la pertenencia iberoamericana.
Ciudadanos, en su programa para el 20D, presentaba también una reforma constitucional limitada para "modificar, de acuerdo con los procedimientos de reforma regulados en la Constitución, algunos preceptos de la misma o añadir otros nuevos, para así superar determinadas disfunciones y mejorar la eficiencia del conjunto. No se trata de cambiar el sistema sino de mejorar su funcionamiento". A continuación, se enumeran treinta propuestas, algunas de las cuales comportan cambios constitucionales. El programa incluye una racionalización del Estado autonómico, con derogación de los artículos de la carta magna que sirvieron para que se construyera y que incluiría una drástica reforma del Senado, que sería sustituido por una conferencia de presidentes de las comunidades autónomas. El planteamiento no es muy distinto del que realiza el PSOE puesto que pretende perfeccionar el modelo vigente, manteniendo su estructura fundamental.
La reforma constitucional limitada que propone Podemos se centraría en cinco grandes ejes, que habrían de servir de hoja de ruta para la próxima legislatura y la futura década. El primero de esos ejes daría cauce al "derecho a decidir" de los ciudadanos de Cataluña; no obstante, Iglesias ha afirmado que considera que la actual carta magna ofrece ya una vía, puesto que a su juicio sería de aplicación el artículo 92, que regula los referendos consultivos, aunque no prevea la posibilidad de otorgar efectos jurídicos al resultado. Los otros cuatro ejes de la reforma serían promover una reforma de la ley electoral, blindar los derechos sociales, incluir ciertas medidas contra la corrupción como la prohibición de las "puertas giratorias" y garantizar la despolitización de la Justicia. De este modo, Podemos entra en razón deja de pedir un proceso constituyente que parta de cero pero pierde originalidad.
Como puede verse, las tres reformas no son incompatibles entre sí sino claramente complementarias. Y el PP se ha mostrado dispuesto a entrar en el debate. ¿Por qué no aprovechar, pues, la magnífica ocasión de llevar a cabio entre todos una profunda y consensuada reforma constitucional?
