Una de las consecuencias más inmediatas de los complejos resultados de las elecciones generales del pasado domingo, se ha plasmado en el cambio de posición fijado por Podemos con respecto al Govern de Balears.

Las urnas han emitido un dictamen que desemboca en la composición de un Congreso de pluralidad y minorías desconocidas hasta ahora en la democracia española y un Gobierno cuyo signo y robustez resultan imprevisible hoy por hoy. Han sido unas elecciones generales convocadas de forma reglamentaria para conformar las cámaras legislativas españolas y el Gobierno que ellas respalden a partir de su nueva constitución. Sin embargo, los partidos políticos, especialmente los que se sienten más reforzados, intentan aprovechar al máximo el rédito electoral obtenido y extenderlo a todo su ámbito de actuación o influencia. Es el caso de Podemos en Balears.

La formación que encabeza Alberto Jarabo en las islas ha obtenido unos resultados satisfactorios que en número de votos le sitúan por delante del PSOE, el partido que ostenta la presidencia del Govern y, por otro lado, han privado a Més, el tercero en liza, de lograr diputado propio en el Congreso.

Como es sabido, Podemos respalda al Govern, ha suscrito el acuerdo de estabilidad que lo sustenta, pero no se integra en él. Ya ha dicho que no modificará esta posición, que no asumirá responsabilidades ejecutivas pero, por contra, con los buenos resultados logrados, se siente plenamente legitimado para "renegociar" el Pacto y someter a "examen al Govern". El "nuevo partido" que reniega del sistema tradicional opta por apretar las tuercas y transformarse en fiscalizador y supervisor permanente del Ejecutivo, todo ello sin asumir conselleries.

Es una posición extremadamente delicada, que hay que encuadrar en sus justos términos, y que denota, casi a partes iguales, una comodidad discutible en tiempos de alta exigencia política y un cierto temor ante el ejercicio de la responsabilidad directa. No se puede obviar, por otro lado, que los electores estaban convocados a las urnas para elegir diputados al Congreso y senadores y que han emitido su voto en función de esta llamada. Apenas medio año después de las elecciones autonómicas, no se puede dar por supuesto a conveniencia que lo decidido por los electores para el Parlament haya cambiado de forma sustancial.

En cualquier caso, el incremento de beligerancia anunciado por Podemos deberá aplicarse salvaguardando la estabilidad y la eficacia del Ejecutivo autonómico. Hacerlo de forma diferente sería actuar en claro detrimento de los intereses y las necesidades de quienes residen en este archipiélago. El diálogo y la altura de miras deben ser los referentes que regulen la actuación de las tres formaciones que a la hora de conformar el Govern decidieron asegurar su estabilidad.

Podemos ha sabido ser consecuente para aprobar los presupuestos autonómicos. Esta es la línea a seguir aun reconociéndole todo el derecho a mantener sus reivindicaciones. La amenaza y la tensión no serán buenas compañeras de viaje para allanar el necesario camino de la salida de la crisis económica. Una correcta interpretación de los últimos resultados electorales, tanto autonómicos como generales, también debe incluir la visión de que los electores, con la pluralidad expresada, se inclinan por el diálogo y la eficacia de las resoluciones.