La indiferencia escéptica con que PP, PSOE y Ciudadanos han encajado sus malos resultados en las pasadas elecciones es casi una afrenta a la voluntad general, a la expresión más genuina de la opinión pública, que ha decidido soberanamente encomendar el futuro colectivamente a las organizaciones beneficiadas con el voto popular.
Rajoy ha anunciado que reclamará del PSOE y de Ciudadanos un apoyo con "sentido de Estado" para formar un Gobierno estable del PP que reafirme el rumbo institucional, europeo y económico de España. De momento no ha hablado de coaliciones. El PSOE, por boca de su secretario general, confirmó ayer tras entrevistarse con el todavía presidente del Gobierno que no apoyará a Rajoy ni al PP en su intento de alcanzar el gobierno, algo que ya habían avanzado (inexplicablemente) varios barones del partido. Rivera, por su parte, partidario de un cierta convergencia PP-PSOE-C's, ha declarado que "la forma de evitar que se rompa España es que nos abstengamos Ciudadanos y PSOE, porque si no, no comienza la legislatura"? Podemos, por su parte, ha manifestado con inesperada intransigencia que su condición para pactar es que el antagonista acepte el referéndum de autodeterminación en Cataluña. Es decir, que vulnere la Constitución.
Manifiestamente, la pelota está en el tejado socialista, y su posición no es fácil. Por una parte, es evidente que España no es Alemania: en el país germano, la gran coalición no hace más que reflejar subliminalmente la unión de las fuerzas democráticas frente al nazismo; en nuestro país, la oposición a la dictadura, salvo honrosas pero mínimas excepciones, fue de izquierdas. Pero no ha de ser imposible facilitar la gobernabilidad sin establecer connivencias ideológicas ni efectuar por tanto claudicación alguna. Después de todo, como ha recordado atinadamente el profesor Josep M. Colomer, los pactos entre populares, socialistas y liberales están en los usos habituales europeos.
Tras unas elecciones inéditas, celebradas en un momento de gran complejidad económica el país está saliendo a trancas y barrancas de la más grave crisis económica de su historia contemporánea, las fuerzas políticas democráticas tienen la obligación ineludible de facilitar la gobernabilidad, porque la estabilidad que se derive de ella será muy beneficiosa para mantener la confianza de los inversores y de los agentes económicos, para seguir creciendo y para combatir el desempleo. La evidencia de que las vacilaciones de los partidos ante la dificultad de manejar los resultados obtenidos han producido unos peligrosos altibajos bursátiles y una subida de la prima de riesgo evita tener que hacer hincapié en la evidencia.
Por añadidura, hemos llegado a la actual coyuntura con la generalizada convicción, más o menos explícita en los discursos de campaña, de que la irrupción de los partidos emergentes y el estancamiento del conflicto catalán obligarían a llevar a cabo reformas estructurales que necesitan un amplísimo consenso: se trata de modernizar de forma controlada la Constitución para estabilizar el modelo de organización territorial y adaptarla al cambio social, así como de reformar la ley electoral para corregir algunas inaceptables asimetrías.
Así las cosas, lo lógico es efectivamente que, de un modo u otro, el PSOE y Ciudadanos se supone que Podemos no querrá participar por la precondición mencionada permitan que gobierne por un tiempo tasado la fuerza más votada, cuya misión habrá de ser gestionar el día a día, convocar los grandes consensos que son indispensables para que las reformas fortalezcan el régimen en lugar de debilitarlo, y afrontar el problema catalán. El papel del nuevo gobierno tendrá, pues, que tener un límite temporal, el necesario para llevar a cabo las reformas, pasado el cual habrá que convocar nuevas elecciones, ya sobre otras bases y con nuevas perspectivas.
