Las elecciones de ayer confirmaron los presagios de que se abriría un tiempo político nuevo, en que no sólo dejan de ser verosímiles las mayorías absolutas sino que cualquier gobierno estable debe provenir de un acuerdo entre dos o más fuerzas. Que esta nueva situación se perpetúe o que se produzca un retorno a la situación anterior dependerá de que se modifique y en qué sentido la ley electoral.
La fragmentación del voto en cuatro partidos de semejante envergadura finiquita el bipartidismo PP-PSOE, que en 2008 logró abarcar el 83,8% de los sufragios y en 2011, el 73,3%, en tanto ahora apenas ha sobrepasado por unas décimas el del 50%. Con los resultados que se han obtenido en estas elecciones, ya no es posible un gobierno monocolor en minoría con apoyos externos como los que hubo en 1993 (con González de presidente) y en 1996 (con Aznar), en que la formación ganadora pasaba de los 150 escaños. Es incluso dudoso que el PP pueda gobernar en esta legislatura toda vez que el centro derecha el binomio PP-Ciudadanos es claramente insuficiente, y quedaría a quince escaños de la mayoría absoluta.
En este país no hay tradición de pactos ni de coaliciones, y no solo por alguna dificultad genética de nuestra política, que es inventada, sino porque no han sido necesarios hasta ahora. Ciudadanos, que por su ubicación ideológica y por su papel estratégico se había configurado como una bisagra algo que niegan sus líderes, como es natural, porque todos los actores tienen la teórica ambición de ganar había anunciado en los últimos días de campaña que no apoyaría a Rajoy ni a Sánchez para ser presidentes, aunque sí estaría en cambio dispuesto a abstenerse para que lo fuesen, y que no pensaba ingresar en un pacto de perdedores para cerrar el paso al PP. Todas estas lucubraciones han resultado estériles porque, con el resultados en la mano y la regla de cálculo, tan sólo hay dos opciones posibles: un gobierno de izquierdas PSOE-Podemos que necesitaría el apoyo de las minorías de ese signo o una gran coalición PP-PSOE, difícil de asimilar para muchos votantes socialistas.
No se puede desconocer, aunque la campaña electoral no ha sido muy expresiva en este sentido, que las urgencias de este país son en esta hora de gran calado. Hay que acabar la normalización económica tras la crisis, que resolver el problema catalán y que vincular este designio con la modernización del Estado. En otras palabras, se impone una reforma constitucional controlada nada que ver con la apertura de un proceso constituyente, urge una reforma del sistema de financiación autonómica y ha de conducirse un proceso político prudente, plenamente acordado con Bruselas, que corrija buena parte de las inequidades sembradas por la doble recesión de que acabamos de salir. En principio, estos ambiciosos objetivos justificarían la "gran coalición", que sin embargo no está en las pautas mentales de los dos grandes partidos y encontraría una gran oposición interna en el PSOE.
Conviene, en cualquier caso, que las formaciones políticas, sus dirigentes y los ciudadanos digiramos estos resultados en los próximos días/semanas, observemos todos el desarrollo del conflicto catalán que a partir de ahora será el tema central de los debates y vayan decantando las combinaciones naturales que se desprenden mejor y más directamente de la voluntad popular. La democracia ha funcionado y ahora sólo falta interpretar la voz de la ciudadanía, que he emitido mensajes claros, que deben ser sin embargo interpretados por quienes han de administrar la política institucional.
