El nuevo rey, que todavía no ha cumplido el año y medio en la jefatura del Estado, ha consolidado acertadamente su posición con la toma de una serie de medidas de transparencia, la adopción de un estilo cercano y riguroso y, sobre todo, con la sedimentación de una sobria y profesional gestualidad que ha devuelto a la Corona el respeto y el aprecio que se habían quebrado. Y ahora, en escasas semanas, le corresponderá cumplir la función que la Constitución le otorga en la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones del 20 de diciembre: según el artículo 62 d), corresponde al rey "proponer el candidato a presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución". El procedimiento está descrito en el artículo 99: de acuerdo con la ley fundamental, después de cada renovación del Congreso de los Diputados, "el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno".
En Portugal, acabamos de ver un proceso parecido, a cargo en este caso del presidente de la República. En el país vecino, el jefe del Estado, elegido por sufragio universal, ha tenido una participación muy activa y muy política en la génesis del nuevo gobierno, de coalición entre los socialistas y dos formaciones menores de izquierdas. Como es conocido, Cavaco Silva, un político profesional que fue primer ministro conservador entre 1985 y 1995, se negó en primera instancia a la formación de dicha coalición, que está respaldada por una mayoría absoluta, y encomendó la formación de gobierno al conservador Pasos Coelho, quien, en minoría, fue derrotado días después por una moción de censura.
Es evidente que el rey constitucional de España no posee tan amplias atribuciones y ha de limitarse a proponer a quien, objetivamente, pueda conseguir mayor respaldo parlamentario, a juzgar por los contactos mantenidos con los líderes. Sin embargo, esta vez no se producirá el automatismo de anteriores ocasiones, en que una mayoría destacada o absoluta derivaba en la inmediata designación: después del 20D, es previsible que haya en el parlamento cuatro partidos importantes y varias minorías, y no puede descartarse que exista más de una combinación posible. El papel del rey puede ser, pues, mucho más complejo. Y su neutralidad política, que está en los genes de su institución y en el eje de su actuación, habrá de resultar un útil instrumento en la estabilización política del país.
En cualquier caso, el rey, que ha tenido ya ocasión de familiarizarse con las formaciones emergentes, podrá ahora normalizar su relación con ellas. Podemos irrumpió en escena con ropajes republicanos y la pretensión de abrir un proceso constituyente rupturista que hiciera tabla rasa de la "vieja política" pero ya ha moderado su discurso oficial y ya no pasa de proponer una reforma constitucional que no parece tener en el centro del punto de mira a la monarquía. Ciudadanos, por su parte, ha enfatizado siempre su inspiración republicana pero Albert Rivera no ha disimulado su afabilidad hacia el rey y ha corroborado hasta por escrito su simpatía personal hacia el monarca.
La Corona sigue, en definitiva, firme y joven en su emplazamiento habitual, pero participa como todos de los cambios sustantivos que se avecinan, y que pueden producir una transformación de los hábitos y de los tiempos políticos. Hasta el contenido del discurso de Nochebuena, el segundo que pronunciará Felipe VI, dependerá de lo que ocurra el 20D.
