El Tribunal Constitucional (TC) ha querido apresurarse en la elaboración y publicación de la sentencia sobre la resolución 1/XI del Parlament de Cataluña para poner de manifiesto la gravedad del caso. El hecho de que dicha institución resuelva el recurso gubernamental antes de que comience la campaña electoral previa a las generales del 20D, cuando ni siquiera ha transcurrido un mes desde el 9 de noviembre, fecha en que se aprobó aquel exótico documento, pone también de relieve la simplicidad del dilema: el caso es de una llamativa obviedad porque la desconexión con la estructura institucional y el desafío al estado de derecho ni siquiera están sobreentendidos sino que figuran con toda explicitud en su enunciado, que también constituye una clara invitación a desacatar las leyes vigentes.
En definitiva, la sentencia del TC que rubrica y consolida la suspensión de la declaración elimina las últimas dudas que pudieran albergar quienes recibieron tal dislate con perplejidad. Lo que permitirá establecer ya sin provisionalidades la envergadura del rechazo. Porque la declaración, que sin duda habrá sido del agrado de los radicales de la CUP y de algunos extremosos compañeros de viaje nacionalistas, ha provocado una reacción tan contundente que ha tenido los efectos contrarios de los que esperaban sus autores.
En efecto, la comunidad internacional, que ya veía con estupor el comportamiento antidemocrático y asilvestrado de los rupturistas, ha dejado incluso de interesarse por el conflicto, ya que no queda nada políticamente significativo por resolver. Pero, además, la propia sociedad catalana ha encontrado en este disparate los argumentos que necesitaba para reclamar con energía la cordura que parece haberse perdido en los últimos tiempos. Casi la mitad de los miembros del gobierno catalán en funciones, con Mas-Colell al frente, han manifestado su disconformidad con tan heterodoxa proclamación de independencia, o de insurrección; grupos de presión significativos, como el empresarial, han mostrado también su irritación ante un desafuero tan brutal y tan poco democrático; y la propia ciudadanía, a juzgar por las encuestas que se han publicado, ha reducido todavía más su apoyo al soberanismo. En definitiva, el documento ha terminado siendo un previsible suicidio político del independentismo, que, al salirse de los cauces transitables de la democracia, ha cosechado un rechazo generalizado y masivo que lo vuelve inviable, le priva de todos los apoyos a que podía razonablemente aspirar y le confina en un nicho de radicalidad aislado y excéntrico.
Por añadidura, el disparate no forma un todo coherente y homogéneo: como ha destacado con fina ironía el catedrático de Derecho Constitucional de la UAB Enric Fossas, es un absurdo en toda regla que el Parlament haya formulado alegaciones ante el TC contestando a la impugnación por parte del Gobierno. Porque "para empezar, su sola personación ante el TC es una flagrante desobediencia de la propia moción, por cuanto en ella se proclama que "esta Cámara no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular el Tribunal Constitucional". Presentando alegaciones, el Parlament no desobedece al Estado sino al Parlament. No es una cuestión jurídica sino de lógica aristotélica". El experto atina absolutamente, porque ¿qué sentido tiene que quien se declara independiente y rompe con determinado Estado presente alegaciones para tratar de evitar que dicho Estado condene la ruptura unilateral?
Cabe la posibilidad de que los rupturistas se hayan vuelto completamente locos, pero de lo que no hay duda es de que han perdido gran parte de la proverbial cordura catalana, el famoso seny. Lo que abre paso a la posibilidad de una concentración de fuerzas sensatas que después del 20D habrán de sacar a Cataluña de este atolladero.
