Es llamativa la carencia de argumentos que exhiben quienes han descalificado la remodelación del salón de plenos del Ayuntamiento de Palma. Quitar el crucifijo que lo ha presidido, situado por encima del busto de los sucesivos jefes del Estado: Franco, el dictador; el rey Juan Carlos y el rey Felipe VI, ha llevado a la portavoz del PP en Cort, Marga Duran, a manifestar que se opone por considerar que "está bien donde está". Una profunda reflexión; un argumento del suficiente peso específico como para no ser ignorado. Está bien donde está y nada hay que objetar. Algo muy parecido al porque lo digo yo. Tambien Agustín Buades, presidente de una asociación ultraconservadora denominada Instituto de Política Familiar, se ha apresurado a denostar el cambio aduciendo que se trata de una tradición. El crucifijo se instaló en 1938, en plena Guerra Civil, por parte de los golpistas que habían obtenido el control de Mallorca el 19 de julio de 1936. La cruz pasó a presidir el salón de plenos cuando en Palma habían sido fusilados cientos de ciudadanos. Una tradición. Otro argumento de peso. Quien ha preferido guardar silencio es el obispo Salinas. Su Ilustrísima es hombre prudente. En determinados asuntos a la Iglesia católica le conviene situarse fuera de este mundo; monseñor Salinas obra en consecuencia: nada tiene que decir sobre sa Feixina y nada dice sobre el crucifijo que ahora está colgado en las dependencias de la mayordomía de Cort.
Más sibilinos que Duran y Buades han sido los de Ciudadanos. Se oponen a los cambios básicamente porque el busto del jefe del Estado ha quedado desplazado a un lateral. Es seguro que también rechazan la ausencia de la cruz, pero su argumento no es el no argumento de está bien donde está o el de la presunta tradición, sino que echan mano de un artilugio muy enrevesado: la decoración del salón de plenos no puede tocarse dado que constituye una agresión al patrimonio, al considerarlo un bien protegido, por lo que solicitan la intervención de la autoridad proteccionista competente en esos casos. Los de Rivera no quieren aparecer tildados de clericales y tampoco dar la nota como los concejales del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Al solicitar la intervención de Patrimonio intentan aparentar. No mover ni un mueble. Esa es la consigna del partido emergente.
Desplazar a un lateral el busto del rey, situándolo sobre las banderas de España, Balears, Mallorca y Europa no contraviene ninguna ley: Felipe VI sigue en el salón de plenos. No se ausenta. En cuanto al crucifijo, no hay manera de que la derecha acepte que España es un Estado aconfesional, que no sé qué diferencias sustanciales posee respecto al estado laico. Lo evidente es que la aconfesionalidad es casi papel mojado: Concordato en vigor, lo que vulnera la Constitución; asignatura de Religión evaluable, de acuerdo con los pactos establecidos con el Vaticano; financiación generosa para la Iglesia católica, que, además, está exenta de pagar los impuestos que los demás nos vemos obligados a abonar, incluido el IBI. Hay más: celebraciones católicas por doquier con participación de las autoridades. Ya no se trata de que suene el himno nacional cuando se procesiona en Semana Santa, como sucede en muchas ciudades, incluida Palma, donde, en la iglesia castrense, otra anomalía, de Santa Margarita, al sacar la Virgen, se cuadran los guardias civiles y se interpreta el himno, sino que también las banderas de Cort y el Consell de Mallorca, por decisión expresa de sus anteriores responsables, Mateo Isern y María Salom, ondean a media asta en señal de respeto al conmemorarse la muerte de Jesucristo. Todo muy aconfesional.
Pero la derecha considera que nada de eso ha de modificarse, porque está bien como está o porque la tradición ha de prevalecer. La indigencia que muestra tal panoplia argumental es estrepitosa. No tienen otra, puesto que para revindicar la permanencia del crucifijo en el salón de plenos de Cort o que las banderas ondeen a media asta en celebraciones católicas solo pueden echar mano de las citadas o demandar el retorno del catolicismo como religión oficial del Estado. A tanto no se atreven, así que optan por mantener la escenografía propia de un estado confesional. Si se hace lo lógico, que es despojar las instituciones públicas, y por lo tanto al servicio de los ciudadanos, sin distinción de raza, sexo y religión, de la simbología de un credo concreto, se ponen casi en pie de guerra, afirmando que la izquierda persigue al cristianismo, que se le quiere eliminar de los espacios públicos. Es falso: ni se persigue al cristianismo ni se priva a nadie de sus creencias. Se busca que las instituciones públicas mantengan la exigible neutralidad.
Pero todo eso la derecha española y mallorquina no quiere considerarlo. Cómo se va a quitar el crucifijo del salón de plenos de Cort. Está bien donde está, lo manda la tradición. Cómo no se van a poner las banderas a media asta cuando se celebra la Semana Santa. Por qué no ha de sonar el himno nacional al procesionar una Virgen. Es la liturgia de la España eterna. La de siempre. La que unos desaprensivos quieren eliminar cegados por el odio al cristianismo. Ese es el mensaje que blanden al desaparecer el crucifijo del salón de plenos o cuando, en la próxima Semana Santa, no ondeen a media asta las banderas.
La remodelación del salón de plenos de Cort es adecuada; se ajusta a los preceptos constitucionales. Lo chocante es que nuestra derecha es la primera en combatir lo que sucede en el Islam: la primacía de los preceptos religiosos sobre el poder civil, en los países musulmanes inexistente. Inaceptable para Occidente, donde el laicismo es quien posibilita la libertad de cultos en pie de igualdad, como ha recordado el papa Francisco. Entonces, ¿por qué nuestra derecha no acepta que de las instituciones públicas desaparezca la simbología religiosa, los vestigios del nacional catolicismo franquista? La respuesta más obvia seguro que le heriría profundamente. Dejémoslo así. No vayamos más lejos.
Aunque no venga a cuento: en mi dormitario hay un crucifijo. Lo digo para los que gustan de confundir las cosas.
