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Jose Jaume

Jueces apolíticos, solo los de izquierda

¿Desde cuándo un juez tiene que ser apolítico para desempeñar honestamente su función? ¿Lo ha de ser un policía o un bombero? ¿Es condición indispensable para ejercer de periodista? Tal parece que es la pretensión del PP, al menos eso se desprende de lo manifestado por la portavoz popular en el Parlament, Marga Prohens, cuando descalifica a Juan Pedro Yllanes, quien debía presidir el tribunal que ha de juzgar el caso Nóos, por el que ha sido procesada la infanta Cristina, al decir de él que "muy apolítico no debía ser", de lo que se deduce que un juez necesariamente ha de ser apolítico; de no serlo queda contaminado, no está en condiciones de ser juez instructor o formar parte de un tribunal. Se entiende el disgusto que la incorporación a Podemos del magistrado ha causado en la derecha y en sus socios. Es un fichaje potente, casi del mismo nivel que el del teniente general Rodríguez. Ya molestó, y no poco, que el juez Castro dijera que de habérselo solicitado con antelación habría aceptado el ofrecimiento de Podemos. No sorprende que Yllanes haya cogido con el paso cambiado a casi todos.

Pero la declaración de la portavoz del Grupo Popular en la Cámara legislativa balear permite adentrarse en un campo en el que tanto PP como el PSOE tienen las de perder. Un o una dirigente del PP no está en condiciones de descalificar a un juez por solicitar la excedencia para incorporarse a la candidatura de un partido estableciendo la premisa de un imposible apoliticismo, porque populares y socialistas han sido quienes han politizado la Justicia hasta extremos francamente insoportables. Dejando de lado que lo del apoliticismo no es argumento, al PP le conviene mantener cerrada la boca: su número uno por la circunscripción de Sevilla es un juez en excedencia, el exalcalde Zoido, quien encabeza la lista al haber sido apeado de la Alcaldía de la capital de Andalucía. Prosigamos: el presidente del Tribunal Constitucional es un antiguo militante popular, al igual que lo son o han sido algunos destacados magistrados de los tribunales superiores de justicia, incluido alguien que ahora está en el de Balears o, al menos, ha sido estrecho colaborador del partido. ¿Les incapacita para ser jueces? ¿Son apolíticos? No, salvo que la descalificación establecida por la portavoz popular se convierta en doctrina oficial a partir de ahora.

Lo sucedido con Juan Pedro Yllanes evidencia lo que empieza a ser conocido: el PP teme que el descalabro que le aguarda el 20 de diciembre adquiera proporciones dantescas, que se haga incontrolable. En la circunscripción balear la pérdida de dos o tres diputados será catastrófica, similar a lo ocurrido en las elecciones autonómicas. En el PP balear, al menos sus dirigentes más lúcidos, saben que ya no volverán a ser el partido hegemónico, el partido por antonomasia, sino que están en el difícil trance de verse constreñidos por El Pí (qué astuto es Font, su líder) y Ciudadanos. Lo de Manacor puede ser un anticipo de lo que está por venir: un complicado pacto de gobernabilidad en el que el PP tan solo es un actor más, obligado a compartir incluso la vara de mando. Además, si de las elecciones generales salen tan damnificados como las encuestas pronostican, con pérdidas de hasta tres diputados en Balears y no menos de sesenta en España, corren el riesgo cierto de implosionar: el PP no es un partido que esté preparado para aguantar una catástrofe semejante. Es un desenlace plausible que Ciudadanos acabe por arrinconarlo, por dejarlo a la interperie. Algo similar, salvando las distancias que haya que salvar, a lo que AP (el PP de 1982) hizo con UCD. En un mes saldremos de dudas, pero basta observar la inmensa incomodidad que atenaza al presidente Rajoy, a su Gobierno y a todo el PP, ante las peticiones francesas de activar la solidaridad europea en la guerra que ha desatado contra el Estado Islámico, para cerciorarse de que temen que se desencadene una situación que guarde algún paralelismo con lo ocurrido a partir del once de marzo de 2004. Escuchar los argumentos de Pedro Morenés, ministro de Defensa, para no plantear la posible incorporación de España a la ofensiva en Siria, lleva a la hilaridad. El Gobierno no sabe qué hacer para escurrir el bulto.

Volviendo a Juan Pedro Yllanes: quién duda que al encabezar la candidatura de Podemos refuerza apreciablemente sus posibilidades de obtener un excelente resultado, que le puede reportar hasta dos diputados. De ahí el desasosiego que traslucen las declaraciones de la diputada Prohens y las críticas que se hacen desde el PSOE y Més a Podemos por haber vulnerado la democracia interna, las primarias para elegir a los candidatos, de la que tanto alardea. Més dispone de una cierta autoridad moral para, al menos, formular reparos; el PSOE de ninguna manera: los socialistas, después de lo hecho en Madrid al decapitar sin contemplaciones a Tomás Gómez, apiolar al concejal Carmona e incorporar a la candidatura por la circunscripción de la capital de las España a Irene Lozano deberían guardar parecido silencio al que es recomendable que mantenga el PP.

Podemos está cometiendo no pocos errores, paga muy cara su fortísima irrupción en el mapa político español, su pretensión de poner las cosas patas arriba y, por supuesto, algunas de sus llamativas incoherencias, las novatadas que acreditan su carencia de trayectoria. Pero la dureza de la crítica que recibe nunca había sido contemplada. Con Ciudadanos, el otro partido que amenaza con quebrar el bipartidismo, se está siendo mucho más benévolo, porque se le considera inmerso en el orden establecido, aunque quiera modificarlo sustancialmente. Podemos preocupa y asusta; Ciudanos tan solo preocupa, no infunde temor; de ahí que sea Podemos el enemigo a batir. Le conviene no ofrecer, como a hecho en los últimos tiempos, blancos fáciles. Con el magistrado Yllanes ha obtenido un grueso blindaje. La respuesta a su incorporación al partido, similar a la recibida en el caso del teniente general Rodríguez, lo constata: el objetivo es hundir a Podemos lo antes posible. Impedirle que entre en el Congreso de los Diputados con demasiados efectivos.

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